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Segundo paquete de ayudas en Galicia, con 75 millones para hosteleros y autónomos

j. c. SANTIAGO / LA VOZ

SOCIEDAD

Bares cerrados
Bares cerrados CARMELA QUEIJEIRO

Las cuantías se fijarán en función de las caídas de facturación

12 feb 2021 . Actualizado a las 12:21 h.

El presidente de la Xunta, que aprovechó su comparecencia de ayer para anunciar la compra inminente de respiradores no invasivos (por 2,3 millones de euros), para que los hospitales puedan aliviar la ocupación de las ucis, también abordó el segundo paquete de ayudas a autónomos, micropymes y hosteleros, que comenzará a distribuirse antes de que finalice febrero. Se trata de una nueva partida de 75 millones que hacen un total de 160 con la primera remesa, garantizando así que aquellos que tengan derecho a ellas habrán recibido entre las dos convocatorias un mínimo de 3.400 euros y un máximo de 24.000 euros, según las características de cada negocio.

Todas las ayudas serán compatibles entre sí, y las cuantías se fijarán en función de las caídas de facturación, el volumen de empleo generado o el tiempo que hayan tenido que permanecer cerrados.

Los empresarios autónomos y las microempresas deberán acreditar una bajada de los ingresos del 45 % respecto al 2019, mientras que los hosteleros bastará con que estén afectados por las restricciones de cierre aplicadas desde enero. El primer paquete alcanzó las 33.605 ayudas que llegaron «en tempo récord» y por un montante de 69 millones (38,8 para bares y restaurantes).

Sentencia que no comparte

Sobre la sentencia del País Vasco, que permite la apertura parcial de los negocios de hostelería, Feijoo explicó que tanto él como sus homólogos autonómicos y otros dirigentes europeos no han tomado la decisión del cierre de estos negocios «por capricho», pero él siempre va a respetar la decisión de un juez, aunque no la comparta. «El lendakari tomó la decisión que consideró oportuna, y yo la comparto.

Ante una situación como la suya, yo hubiese hecho lo mismo», aseguró el dirigente gallego, quien reconoció un problema de seguridad jurídica «que está impactando en muchas de las decisiones de las autoridades de salud pública» al contar con unas herramientas «confusas, difusas e insuficientes». De ahí que haya vuelto a reclamar, como lleva haciendo varios meses, «una ley para gestionar la pandemia» porque, de lo contrario, los gobiernos autonómicos seguirán sin competencias plenas y a merced de sentencias «a veces claramente contradictorias», como considera que ocurre en este caso.