Javier Cremades, presidente del despacho que audita los abusos en la Iglesia: «Hablamos de entre 1.000 y 2.000 casos»
SOCIEDAD
Muchos son del siglo XX, pero no los descarta hoy en día, también fuera de la Iglesia: «Hay más conciencia, pero los niños no están más seguros»
25 jul 2022 . Actualizado a las 14:06 h.Javier Cremades, presidente del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, al que la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha encargado una auditoría sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica, ha revelado que, por el momento, están clasificando «entre 1.000 y 2.000 casos» de abusos sexuales en la Iglesia, la mayoría ocurridos en los años 70 y 80 del siglo XX.
«Entre los que tiene la Conferencia Episcopal, los que tiene el diario El País, estamos hablando de entre 1.000 y 2.000 casos, aproximadamente, ahora estamos ordenando y clasificando los que nos han llegado», ha explicado Cremades en una entrevista con Europa Press, en la que ha especificado que, tras cinco meses de trabajo, han recibido un centenar de casos nuevos no contabilizados.
La firma legal recibió el encargo de la Conferencia Episcopal el pasado mes de febrero y puso a disposición de la población un correo electrónico, denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com, para recibir denuncias.
Cremades ha afirmado que «los trabajos están avanzando razonablemente bien» aunque con «algunas dificultades». «Identificar el volumen, el número de casos, la extensión del fenómeno no va a ser nada fácil porque muchas víctimas no han denunciado, permanecen en el silencio y las comprendemos también», ha subrayado.
En cualquier caso, ha asegurado que han encontrado una «enorme colaboración» por parte de la Iglesia y un «deseo verdadero» de abrir los archivos. En este sentido, Cremades ha avanzado que está programando una visita al archivo secreto de la Archidiócesis de Madrid, encabezada por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Carlos Osoro.
Resultados, en la primavera 2023
Cremades prevé presentar su auditoría en la primavera de 2023 y le gustaría hacerla pública al mismo tiempo para los obispos y para la opinión pública. Finalmente, según avanza no harán una extrapolación de los datos, como se hizo en la investigación sobre los abusos en la Iglesia de Francia, sino que recogerán todos los casos de los que tengan conocimiento.
Lo que sí incluirá será todos los tipos de casos de abusos sexuales a menores acaecidos en el seno de la Iglesia, incluyendo denuncias anónimas -indicando que lo son- y ampliando la investigación a todos los trabajadores de las instituciones eclesiásticas sean o no religiosos o sacerdotes.
«Por ejemplo, en un santuario, el servicio de seguridad o de limpieza, no solo en los colegios, no vamos a ser nada restrictivos, no vamos a intentar paliar ni minimizar la dimensión del daño sino presentar la cruda realidad, ni nos vamos a limitar solo a casos jurídicos o prescritos, no va a ser una categoría de orden procesal la que va a decidir su inclusión en el catálogo de abusos de la Iglesia española a menores», ha explicitado.
La punta del iceberg
En todo caso, Cremades cree que las cifras que han recopilado «no responden a la realidad del problema». «Estamos ante la punta del iceberg, creo que hay mucho silencio, venimos de una cultura del encubrimiento y una cultura del silencio, en la que las instituciones ponían la institución antes que el individuo y, por otro lado, las personas sentían un enorme desamparo, ha señalado.
Además de identificar el número de casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia, el despacho de Cremades & Calvo-Sotelo realizará una serie de recomendaciones para que estos casos no se repitan en el futuro.
En este sentido, el grupo de trabajo -compuesto por 28 miembros, de los cuales 12 son personalidades internacionales y 6 de ellos representan a despachos de abogados especializados en tratar este asunto- está analizando distintas iniciativas que ya se están llevando a cabo en algunas órdenes religiosas, como los Maristas, donde han realizado acuerdos extrajudiciales.
30 acuerdos de entre 9.000 y 50.000 euros
En concreto, Javier Cremades ha revisado 30 de estos acuerdos -la mayoría se refieren a personal docente laico-, en los que se renuncia a la vía judicial. Para el presidente del bufete son «sistemas muy interesantes que pueden ofrecer una referencia para modelos de reparación futura» para aquellos casos en los que la víctima demanda «un sistema mucho más discreto y privado de resolución del conflicto». Estos procedimientos ya existen en Alemania y se están implementando en Francia.
«Hemos aprendido de las víctimas que el procedimiento penal no siempre es el lugar idóneo para resolver su problema y, aunque animemos, y ojalá lo hagan más, a denunciar penalmente todo lo que sucede y la Fiscalía tenga que actuar, la realidad es que no está siendo fácil para ellas enfrentarse a un lugar en el que se va a dudar de su testimonio», ha apuntado Cremades. Pero, «en ningún caso», según ha especificado, se está hablando de «baipasear o de eludir» con estos acuerdos la responsabilidad.
La horquilla de indemnizaciones analizada en estos acuerdos oscila entre 9.000 y 50.000 euros, tal y como ha explicado, una cantidad que ha de ser asumida por la orden religiosa o diócesis responsable. Otra cosa es, según añade, que la Conferencia Episcopal Española «pueda y deba proponer modelos de reparación».
«El grupo (que audita los abusos) no tiene una opinión firme sobre la propuesta que hagamos para ese sistema de reparación, yo digo que ahí hay modelos interesantes a estudiar», ha precisado, apuntando que habrá que preguntarse si hay que «hacer trajes a medida o sistemas homogéneos».
Javier Cremades tampoco descarta que la Iglesia española venda patrimonio para pagar estas indemnizaciones a las víctimas, como se ha decidido en otros países, por ejemplo, recientemente, en Canadá.
Sobre si la investigación debería extenderse a otros ámbitos más allá de la Iglesia, el presidente de Cremades & Calvo-Sotelo considera «correcto que la Iglesia católica sea la primera institución en hacerlo, porque tiene una responsabilidad moral agravada ya que asumió la tutela, la catequesis de los niños; mientras que algunos de sus ministros y empleados han traicionando a la institución, a la sociedad y a las víctimas porque ejercieron corrupción y violencia sobre los menores». En cualquier caso, Cremades cree que vendrán más investigaciones en el futuro sobre los abusos en otros ámbitos.
Alineado con Gabilondo en la búsqueda de la verdad
Respecto a la investigación del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, Cremades ha indicado que son dos trabajos que acabarán siendo complementarios y «debería redundar en una mayor seguridad del diagnóstico». Además, piensa que los resultados deberán ser «parecidos» en lo que se refiere a los datos. «Hemos hablado por teléfono en dos ocasiones y estamos todos alineados en el esclarecimiento de la verdad», ha subrayado.
Además, ha recordado que no se han puesto límite de tiempo hacia el pasado a la hora de investigar los abusos y que la mayoría de los casos se produjeron en la década del 70 y el 80 del siglo XX. En cuanto al perfil del abusador, señala que es «muy difícil encontrar un abusador de un caso único».
No obstante, ha precisado que los datos aún son preliminares pues el grueso de la información procederá de las órdenes religiosas. Además, ha añadido que lo que se observa en la actualidad es que «los casos siguen existiendo», no solo dentro de la Iglesia. «Hay más conciencia, pero me temo que los niños no están más seguros», ha puntualizado.
