Una de cada cuatro personas en Galicia está en riesgo de pobreza o exclusión social

En Galicia, una de cada cuatro personas se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo indican los datos del 2023 del informe El Estado de la Pobreza realizado por a Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). En total, cerca de 700.000 personas en el territorio gallego se enfrentan a esta situación, un 2,4 % más que en el 2015, o lo que es lo mismo, 8.000 personas más. 

En el ámbito nacional, la cifra asciende a cerca de 13 millones de personas, el 26,5 % del total, aunque el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión ha disminuido un 7,7 % desde el 2015 para el conjunto español. 

La proporción asciende en el caso de los menores, con un 34,5 % de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión. Casi tres millones. En el caso de los jóvenes, la cifra también es superior a la media, con más de uno de cada cuatro personas de entre 16 y 29 años en esta situación debido, principalmente, al mercado laboral y la vivienda.

Las carencias materiales no afectan solo a las personas pobres

De todas formas, el estudio destaca que la tasa de privación o carencia material, social y severa (PMSS) ha crecido mientras que la tasa de pobreza o la de Baja Intensidad de Trabajo en el Hogar (BITH) se han reducido. Así, un 4,3 % de la población nacional, cerca de 2 millones de personas, tienen ingresos como para no ser considerados pobres y, sin embargo, no tienen suficiente para mantener una vida digna.

En el caso de Galicia, la proporción de personas con privación material social y severa pero que no están en una situación de pobreza es del 55,2 %. Atendiendo a una situación de pobreza, el porcentaje total en la comunidad es del 19,4 % y del 7 % si se habla de pobreza severa. 

La pérdida de renta real en los últimos años es la principal causa de esta situación. Cerca de la mitad de la población en España tiene problemas para llegar a fin de mes, el 48,7 %, 0,9 puntos más que en el 2022.

En España, el 20,2 % de la población vive en pobreza y el 8,3 %, casi 4 millones de personas, en pobreza severa.

Galicia encabeza la relación entre pensiones y pobreza

El estudio, presentado este lunes en el Senado, también refleja que hay un 14,7 % de pensionistas en España de media que cobran una cantidad por debajo del umbral de pobreza severa.

Por regiones, el caso más acusado es el de Galicia, donde el porcentaje asciende hasta un 20,5 %, es decir, dos de cada diez pensionistas gallegos están por debajo del umbral de pobreza severa. Además, el 47,4 % de las pensiones gallegas tiene un importe inferior al umbral de pobreza. 

De todas formas, el informe revela que, a nivel estatal, las prestaciones por jubilación reducen 5,4 puntos la pobreza.

Crece la pobreza energética 

Respecto a la pobreza energética, el 20,7 % de la población nacional no puede mantener su vivienda con una temperatura adecuada. La cifra ha subido 3,6 puntos porcentuales, es decir, un incremento del 21 %. En términos regionales, todas las comunidades autónomas han empeorado su situación respecto al año 2022. Además, más de un tercio de la población (34,2 %) no puede mantener la vivienda con una temperatura suficientemente fresca en verano.

Asimismo, la incapacidad para permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días ha crecido con cierta intensidad. La tasa nacional se ha incrementado desde el 5,4 % hasta el 6,4 % y ha aumentado en todos los territorios excepto Baleares y Castilla-La Mancha.

En total, el informe calcula que unos 17,8 millones de personas no pueden afrontar gastos imprevistos. Casi cuatro de cada diez personas.

Además, en el año 2023, el 31 % de las personas con discapacidad, es decir, más de una de cada tres, está en riesgo de pobreza y/o exclusión mientras que para el resto la cifra es del 22,7 %.

El alquiler agrava la pobreza

En lo relativo a la vivienda, el estudio explica que la reconfiguración de la estructura del régimen de tenencia hacia un modelo con cada vez más personas viviendo de alquiler y su esfuerzo económico correspondiente, agrava la situación de pobreza. Vivir de alquiler es más frecuente entre las personas en pobreza. La tasa de pobreza (33,1 %) y la carencia material y social severa (20,1 %) son mayores que las registradas entre quienes tienen vivienda en propiedad (15,8 % y 6 %, respectivamente).

«El incremento de los ingresos de los hogares no es suficiente para hacer frente al impacto del aumento del precio de la vivienda», señalan, debido a que el precio medio del alquiler ha crecido tres veces más que las rentas reales por persona.

Brecha de género

En cuanto a la desigualdad de género, el informe señala que la discriminación laboral tiene impacto en las condiciones materiales, lo que se traduce en peores datos para las mujeres en los distintos indicadores de pobreza y exclusión social. El 27,5 % de las mujeres está en situación de riesgo de exclusión frente al 25,5 % de hombres.

La mayor dedicación de las mujeres a los trabajos de cuidados penalizan su inserción y promoción laboral. Además, las mujeres tienen condiciones más precarias que los hombres y una mayor tasa de desempleo lo que, junto a una mayor proporción de trabajadoras con jornada parcial, hace que las mujeres tengan salarios y pensiones más bajas.

Desigualdad norte-sur

El informe refleja una fuerte división territorial en España, con un 33 % personas viviendo en la pobreza en el sur de España, frente a un 20 % en el norte. 

En las comunidades al norte de Madrid, las tasas de pobreza y/o exclusión social son más bajas, entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional-, incluso inferiores a las tasas medias europeas. Sin embargo, si se observa el sur, e mantienen tasas extraordinariamente elevadas, entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional y, en conjunto, superiores a cualquier país de la UE. «La desigualdad norte-sur se agudizó notablemente durante los años de la crisis y la recuperación macroeconómica posterior no fue suficiente para compensar la pérdida», destaca el estudio.

Entre las razones de esta brecha, apuntan a factores de diferente naturaleza, como «la posición geográfica, la distribución de la población, la gestión política y las diferentes estrategias de cohesión e integración social».

«El crecimiento económico no resolverá el problema»

Por otro lado, el estudio apunta que, si se eliminasen todas las ayudas y prestaciones, incluidas las pensiones de jubilación y supervivencia, 10,8 millones de personas en todo el país entrarían en situación de pobreza. En la mayoría de las comunidades, según la EAPN, si no existiesen estas transferencias las tasas de pobreza crecerían más de un 50 %.

En cuanto al efecto de las transferencias en comparación con la realidad europea, la EAPN advierte de que el efecto es menor que en otros países de la Unión Europea (UE). Así, mientras que en España permiten reducir la pobreza en un 52,6 %, en Alemania lo hacen en un 64,9 %, en Francia en un 67,2 % y en Finlandia en un 70,7 %.

«Ni el incremento de las rentas medias, ni la creación de empleo, ni el aumento del PIB per cápita se traducen de manera automática en una reducción proporcional de la pobreza y la exclusión social», destaca el informe, en el que se pone en relevancia la función redistribuidora del Estado. Con el ritmo actual, se necesitarían 68 años de crecimiento ininterrumpido de PIB para acabar con la pobreza en España.

Ante esta situación, los autores del estudio proponen «mejorar el alcance y la intensidad de las políticas sociales en todas las regiones, garantizando una redistribución basada en la cooperación interterritorial que fomente la cohesión social y mejore la calidad de vida de toda la población».

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