Costas escatima una media de 30 años al conceder la renovación de las concesiones
06 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Lo dejó caer en un acto político el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. Fue el primero en usar el caso de Ence para poner en alerta a bateeiros, depuradores, cocederos, conserveras, piscifactorías y demás negocios asentados en dominio público marítimo-terrestre. Y es cierto que Costas está escatimando una media de 30 años en la duración de las concesiones a la hora de otorgar las prórrogas extraordinarias, pero también es verdad que ese cambio de criterio que ha puesto en jaque a Ence y que inquieta a cientos de empresarios del sector pesquero y marisquero, como la Asociación Galega de Depuradores (Agade), se produjo hace dos años, cuando Medio Ambiente estaba a cargo de Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura, que acompañaba a Feijoo en ese acto político.
La cuestión es que en el 2013, con Medio Ambiente en manos de Arias Cañete, se aprobó una modificación parcial de la Ley de Costas de 1988 que creaba la figura de las prórrogas extraordinarias. Estas venían a aumentar las ampliaciones ya previstas en la concesión, que en la mayoría de los casos, entre la inicial y las extensiones, podía alcanzar de media los 30 años. Según el reglamento que desarrolla la Ley de Costas, el permiso podía extenderse hasta un máximo de 75.
Nada más aprobarse la norma del 2013 (2/2013), empezaron a solicitarse las prórrogas extraordinarias que recogía su artículo 2. Y de Madrid llegaban aprobaciones con hasta 40 años de ampliación, que comenzaban a contar desde la fecha en que se pedía la ampliación.
Pero hace dos años saltaron las alarmas. Costas cambió el criterio y sus resoluciones comenzaron a llegar con hasta 40 años de ampliación, pero de ese período había que descontar los que ya se habían disfrutado. Es decir, no empezaba a contar desde la solicitud de la prórroga, sino desde la concesión original, con lo que «Costas está escatimando una media de 30 años a las concesiones», explica Fernando Otero, representante legal de varios afectados.
Interpretación «errónea»
Si bien el cambio de criterio ya se produjo con Tejerina en Medio Ambiente, ha sido ahora, con Teresa Ribera en el Ministerio para la Transición Ecológica cuando se han exacerbado los problemas. Otero señala que la nueva lectura se basa en una «interpretación errónea e insostenible en derecho». Primero, porque aluden a la Ley de Cultivos Marinos, de 1984, que pone el límite de concesión para cultivos marinos en 50 años. Pero a juicio del asesor legal esa norma no rige, dado que las competencias están transferidas a las autonomías, que tiene normas específicas en la materia y, además, la modificación de la Ley de Costas, «al establecer las prórrogas extraordinarias», fijó que se otorgan desde que se solicitan «y no figura en el texto que haya que descontar el tiempo ya transcurrido».
Así, por un doble principio jurídico, el de la especialidad y el hecho de que una norma posterior deroga la anterior, el criterio que ahora aplica Costas no se sustenta, interpreta Fernando Otero.
La conselleira de Mar, Rosa Quintana, dijo este viernes en Boiro que hay alrededor de un centenar de empresas gallegas amenazadas por lo que denominó un intento de «vestir xuridicamente» el caso de Ence con la tramitación «pola porta de atrás» de un cambio de la Ley de Costas. Sin embargo, desde Transición Ecológica señalan que solo hay 31 concesiones afectadas en toda España, cuatro de ellas en Galicia (dos en A Coruña y dos en Pontevedra), además de Ence. Aclaran, además, que en esos casos no se cuestiona la vigencia de las autorizaciones, si no el uso que dan al suelo. Al tiempo, anuncian que, ante el informe de la Abogacía del Estado, se van a revisar de oficio todas las concesiones.
Un borrador pensado para hacer de la costa «un parque temático»
Que se está fraguando a escondidas un cambio en la Ley de Costas es algo que también intuyen en Agade. Lo huelen tras visitar la web del Ministerio de Transición Ecológica. Sin esperar a cerrar la disputa de cuándo empieza a contar la prórroga, y estando aún en un cruce de alegaciones entre asociaciones, ministerio y abogacía del Estado -que se aferra a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas del 2003, anterior al cambio de la Ley de Costas, y a tratados internacionales que protegen en medio ambiente marino para justificar el intento de acortar la vigencia de las concesiones-, el servidor del ministerio aloja un proyecto de modificación del reglamento de Costas. Un borrador que, según Otero, «extrema las cautelas en la protección medioambiental sublimando el paisaje por encima de un análisis concreto de cada caso». Y aunque no deroga los plazos de concesión, sí endurece las condiciones al pasar de 4 a 14 los criterios para calcular el período. Es decir, «da por hecho que cualquier actividad productiva o industrial que se desarrolla en la costa es nociva». Para Otero, parte «de una premisa equivocada: la de creer que es solo de interés público el uso recreativo de la costa, por encima de la creación de riqueza». En definitiva, un texto que busca hacer del litoral «un parque temático». También escama que desaparezca la bonificación del canon para cultivos marinos, que figura en el reglamento de Costas, pero también en la ley. De ahí la sospecha de que el paso siguiente sea alterar la Ley de Costas para amparar el cambio de criterio.