El fin del plazo de seis meses para redactar un nuevo convenio sobre el futuro de los muelles y la deuda de Langosteira entra en la recta final, mientras se mantienen las diferencias políticas
29 jun 2021 . Actualizado a las 10:59 h.El 23 de febrero, en la cumbre celebrada en María Pita por convocatoria de la alcaldesa, Inés Rey, todas las Administraciones se comprometieron a redactar en seis meses un nuevo convenio que sustituirá a los aprobados en el 2004, cuando se acordó la construcción del puerto exterior de punta Langosteira.
Ya ha transcurrido más de la mitad de ese plazo de seis meses sin que se haya producido, por ahora, una señal de acuerdo. Es más, las diferencias entre partidos y Administraciones han crecido durante las últimas semanas.
Un indicio de la encrucijada en la que se encuentra el proyecto es el retraso de la reunión previa entre Administraciones prevista para mediados de junio por el gobierno local. La demora, señalaron fuentes del Ayuntamiento, se debe a problemas para cuadrar agendas y también a la necesidad de concretar algunos flecos de la negociación. El objetivo ahora es que pueda celebrarse en la primera mitad de julio.
La meta de ese encuentro es sentar las bases sobre las que se levantará el futuro convenio. El documento deberá aclarar cómo se pagará la deuda de 300 millones derivada de la construcción del puerto exterior de Langosteira y, al mismo tiempo, concretar el futuro de los muelles urbanos.
Los convenios del 2004, firmados por el Ayuntamiento, la Xunta y el Estado, daban una solución a ambos asuntos, pero todas las Administraciones coinciden en que a estas alturas no es la correcta y consideran que están obsoletos.
El plan original
El plan del 2004 era que la obra del puerto exterior se pagase mediante la urbanización de los muelles interiores: Batería, Calvo Sotelo y San Diego, que quedarán liberados en esta década.
La pieza clave del esquema es San Diego. En sus casi 395.000 metros cuadrados, una superficie suficiente para albergar el casco histórico de Betanzos y su entorno, se habían proyectado hasta 5.700 viviendas, cerca de la mitad de ellas de protección.
Los ingresos obtenidos en esa operación permitirían a la Autoridad Portuaria pagar los 300 millones de deuda que afronta por la construcción de Langosteira.
La nueva propuesta
El acuerdo fue polémico y contó desde el principio con la oposición del BNG, contrario a lo que considera una privatización de los terrenos portuarios.
Durante el último lustro, tras el hundimiento del sector inmobiliario en la anterior crisis económica, la imposibilidad de ejecutar los pactos del 2004 tal y como estaban concebidos fue asumida por todos los partidos.
Pero no fue hasta febrero de este año cuando esa tesis fue admitida de forma oficial, y se acordó redactar un nuevo documento que marcará el futuro de los muelles interiores y la resolución del problema de la deuda.
Hasta el momento, la única propuesta fue lanzada por la Xunta. El Gobierno gallego planteó que sean las propias Administraciones las que compren los terrenos al Puerto. Esos fondos ayudarían a la Autoridad Portuaria a pagar los plazos de la deuda, y los terrenos mantendrían su titularidad pública.
La propuesta de la Xunta cuenta con el apoyo de esa institución y no fue rechazada por el Gobierno central, que mantiene las condiciones de las últimas décadas: no es posible condonar la deuda, y el puerto debe rentabilizar sus activos -es decir, obtener fondos de los terrenos que no usa- para lograr liquidez.
El estancamiento
El plan no gusta a la oposición municipal de izquierdas (BNG, Marea y Podemos), que exigen la condonación de la deuda que rechaza el Gobierno central. Paradójicamente, Podemos forma parte del Ejecutivo, que fue investido con el beneplácito del Bloque.
El gobierno local del PSOE rechazó también la propuesta de la Xunta, aduciendo que preveía quedarse con el 51 % de Batería y Calvo Sotelo al aportar 20 millones para garantizar su titularidad pública. Ese rechazo no fue acompañado de una contrapropuesta ni de un plan alternativo.
Desde entonces se abrió un impasse que solo se rompió con la convocatoria de una marcha contra la privatización del puerto por parte de la plataforma Defensa do Común. Contó con el respaldo de Marea, BNG, Podemos, Alternativa dos Veciños, Sadamaioría y así hasta 70 entidades. Celebrada el 31 de mayo, aún con numerosas restricciones por el covid, no llegó a los mil participantes.
Esas posiciones no se han movido desde entonces, pero en septiembre deberá haber un acuerdo con mayoría suficiente, o la integración de los muelles y la viabilidad económica del puerto quedarán en entredicho.