Los mariscadores de la ría de O Burgo citan a la Xunta y al Gobierno para desencallar las compensaciones
SOMOS MAR
Anuncian medidas de presión si no hay acuerdo antes de que se inicie el dragado, cuya adjudicación continúa en suspenso
02 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La Cofradía de Pescadores de A Coruña ha convocado a la Xunta y al Gobierno central a una reunión en la sede del pósito el 19 de octubre a las 11.00 horas para tratar de desencallar el acuerdo de compensaciones económicas a los mariscadores afectados por la obra de dragado de la ría de O Burgo.
Los trabajadores, que no bajan a los bancos desde el inicio de la pandemia, no han cosechado avances en su lucha por una partida que no supera los 2,5 millones de euros para afrontar los 26 meses de inactividad que durará la obra, explicó ayer el patrón mayor, Felipe Canosa, en la dársena de Oza.
En el sector extractivo preocupa la cuenta atrás para el desembarco de las dragas -ha de ser antes de fin de año para no perder los fondos europeos, pero sigue sin resolverse el recurso contra la adjudicación-. Y en ese escenario la cofradía lanza el penúltimo intento para poner de acuerdo a las dos Administraciones, enrocadas en la disyuntiva de a cuál le toca pagar.
¿Cuánto reclama la cofradía y qué medidas está dispuesta a tomar?
La ría ocupa a 40 mariscadores a pie y 25 a flote -en los 80 superaban los 2.000- que están dispuestos a afrontar el pago de las cuotas a la Seguridad Social siempre que el Gobierno o la Xunta se comprometan a aportar el importe de la base reguladora de cada uno, que suman 1,2 millones al año. De no ser así, el sector anuncia que recrudecerá las medidas de presión. «Negámonos a retirar a cría dos bancos e desde logo non deixaremos entrar ás máquinas, non pensamos marchar para casa vendo como a Administración xogan co futuro das familias», señaló Manuel Baldomir, representante de los mariscadores a pie y portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría.
¿En qué fase se encuentra la obra?
El dragado se licitó en enero por 48,5 millones, financiados al 80 % por la UE, y en julio fue adjudicado a una unión temporal de empresas encabezada por Acciona. El contrato fue recurrido por una de las diez firmas que presentaron ofertas y, según los cálculos de los mariscadores, hasta noviembre no se conocerá el fallo del Tribunal Administrativo Central que permitirá al Ministerio de Transición Ecológica cerrar el procedimiento. De confirmarse la UTE de Acciona, quedaría un remanente de 16 millones que el pósito coruñés juzga desproporcionado: «No podemos entender que habiendo ese sobrante de capital haya tanto problema para sufragar con una mínima parte el paro de de esta gente», indicó el patrón mayor.
¿Cuál es el motivo de discordia entre las dos Administraciones?
Nadie pone en duda que los mariscadores tienen derecho a compensaciones. La disputa inicial por el certificado de suspensión de los planes de explotación de los bancos marisqueros que Madrid exigía a Santiago para poder declarar la ría «libre y expedita» y, por fin, iniciar los trabajos preliminares, quedó superada en un encuentro de los servicios jurídicos de ambas administraciones que puso fin a meses de peloteo político. El desacuerdo se ciñe ahora a qué Administración debe asumir el pago de los 2,5 millones de indemnización. Un informe elaborado a instancias de la Xunta por Luis Míguez, catedrático de Dereito Administrativo de la Universidade de Santiago, concluye que le corresponde al Gobierno hacerse cargo de los costes de la parada extractiva. «En Madrid echan balones fuera, cuando los propietarios de los terrenos son ellos», agregó Canosa, que advirtió del riesgo de quiebra que corre el propio pósito por la pérdida de ingresos derivada del parón, valorada en 50.000 euros anuales.
¿Con qué fin se convoca la reunión del 19?
A la cita del 19 están convocados la conselleira de Mar, Rosa Quintana; el delegado del Gobierno, José Miñones, y la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro. Solo Quintana confirmó que acudirá. Los mariscadores, que han tenido que encajar varios plantones desde que en el 2016 comenzó la negociación, apelan al espíritu del Prestige para una reunión de la que debería salir, si no un acuerdo cerrado, al menos el compromiso firme de de reservar una partida para las familias. «Hai experiencias pasadas que demostran que as Administracións poden colaborar -recuerda Baldomir-. Co Prestige, o Estado tampouco tiña competencias en marisqueo, e mais aportou».