Cree que la solución pasa por extender el veto que rige en el Mediterráneo
14 feb 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio de Transición Ecológica niega que haya habido descoordinación alguna con el de Agricultura y Pesca y mucho menos con el de Industria y Comercio después de que el marrajo dientuso fuese incluido en el apéndice II de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) en diciembre del 2019 y se empezaran a requerir permisos oficiales para su comercialización. «No ha habido descoordinación alguna y en todo momento se han mantenido perfectamente informados entre ellos», explica el ministerio que dirige Teresa Ribera en una respuesta enviada por escrito a este periódico. Defiende que, desde aquel momento, todos los departamentos han actuado en sintonía e incluso ha habido «reuniones adicionales» entre Transición Ecológica y Agricultura en las que «estuvieron presentes representantes de la industria pesquera». Es más, aseguran que se comunicó con semanas de antelación que era previsible que el dictamen fuese «negativo o muy restrictivo» para la comercialización de la especie «en reuniones presenciales preparatorias celebradas entre los tres ministerios».
En cuanto a las cantidades de marrajo autorizadas a comercializar, es «la autoridad científica CITES la que está capacitada legalmente para analizar estas cuestiones ecológicas», en base a datos facilitados de pescadores y otras fuentes. Y esta, que no es otra que Transición Ecológica, concluyó «que la extracción por encima de lo autorizado era inasumible».
El departamento se remite a la opinión de «la mayoría de los científicos expertos en la especie, diversas oenegés y un nutrido grupo de europarlamentarios» para sostener que la comercialización de las poblaciones amenazadas de marrajos del Atlántico norte, «incluso de los ejemplares capturados accidentalmente, es incompatible con la conservación del stock». Por eso defiende que «la eliminación del incentivo económico para su comercialización es de hecho la medida más efectiva para evitar la captura de estos ejemplares, que como se ha demostrado es, en buena parte, dirigida».
Veto total
Va más lejos al sugerir una solución mucho más drástica: «La solución ideal para el problema de conservación del marrajo dientuso del Atlántico norte pasaría por la prohibición de su retención y comercialización, ampliando a este stock la prohibición ya vigente sobre su captura en el Mediterráneo». En Transición Ecológica están convencidos de que «la eliminación del incentivo económico desencadenaría cambios en las operaciones de las flotas para evitar las zonas con presencia de marrajos y/o reducir al mínimo la fracción de capturas realmente indeseadas; por ejemplo, modificando las zonas y épocas de pesca para evitar a los marrajos». Recuerda, asimismo, que «en ningún caso en que se han establecido normas para reducir las capturas accidentales de otras especies vulnerables (tortugas, cetáceos, aves…) se permite la comercialización de los ejemplares muertos accidentalmente, principio básico que debe ser aplicable también en este caso, especialmente al tratarse de una especie y población amenazada». Para reforzar su posición, se remite a una respuesta del comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius, que dice que prohibir comercializar marrajo capturado sobre la cuota permitida es «coherente con la política común de pesca» y que las autoridades CITES de toda la UE, agrupadas en el Grupo de Revisión Científica, «acordaron en diciembre del 2020 no autorizar la introducción ni la importación a la UE de marrajo dientuso del Atlántico norte, independientemente del estado (vivo o muerto) en que llegara al buque pesquero. Estas decisiones son de carácter vinculante».
Por tanto, «no ha lugar a autorizar en ningún caso ni siquiera la introducción en la UE de marrajos dientusos del Atlántico norte que hayan muerto accidentalmente en el palangre, mucho menos su comercialización». Pueden traerlo del Atlántico sur, del Índico y de todo el Pacífico.
Polémica destrucción
Por otro lado, Transición Ecológica señala que no es responsable del destino de esos ejemplares que llegan a puerto y no pueden ser comercializados porque no tienen el certificado CITES, aunque desde este ministerio «se ha sugerido que se donen a comedores sociales o similares y nunca se ha abogado por su destrucción». Claro que las normas aduaneras son otras y obligan a su reexportación al país de origen o su destrucción, recuerdan desde el sector. «Si hubiéramos podido donarlo, no lo habríamos destruido», señala Juana Parada, de Orpagu, pues eso supone costes añadidos para el armador.
El departamento de Ribera coge el testigo de Comercio para expedir los certificados CITES
Transición Ecológica explica en su respuesta que desde el pasado 2 de enero es este ministerio y no el de Comercio y Turismo la autoridad administrativa que tiene la responsabilidad de expedir permisos y certificados. Y ese cambio está, según los armadores, lastrando el proceso, pues a estas alturas no disponen de cupo para poder traer marrajo del resto de los océanos en los que sí pueden alijar los ejemplares que llegan muertos al costado del barco.
Hasta ahora, los certificados CITES los expedía el Ministerio de Comercio, para lo que necesitaba que la autoridad científica —que era Transición Ecológica— amparase en el denominado dictamen de extracción no perjudicial (DENP) —preceptivo y vinculante— que garantizaba que la transacción no sería dañina para la conservación de la especie. Ese dictamen se inicia a petición del interesado en exportar una mercancía sensible como el marrajo. La autoridad científica hasta el 2022 recibía a través de Comercio una solicitud de la Secretaría General de Pesca para realizar los informes para exportar ciertas cantidades de marrajo de las poblaciones de cada una de las distintas zonas y Transición Ecológica realizaba «un dictamen único para un volumen determinado de capturas en un stock a lo largo de un año».
Con el dictamen emitido, se trasladaba por registro a Comercio, que expedía o denegaba los permisos, informando de ello al solicitante, la Secretaría General de Pesca, que, a su vez, comunicaba a la flota los resultados.
Esa operativa ha cambiado este año, tras asumir Transición Ecológica la responsabilidad de expedir también los certificados y no el informe de extracción y, a juicio de los afectados, se ha complicado.
