Clamor para que el Gobierno tome medidas de choque para salvar la pesca de su doble crisis
SOMOS MAR
El sector y el Ejecutivo gallego piden una acción rápida y decidida, como la que ha adoptado Francia al rebajar el combustible 35 céntimos para los profesionales pesqueros
19 mar 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Saber que Francia ha actuado de forma decidida y al margen de los socios, ha desatado en España un clamor para exigir al Gobierno que tome medidas de choque, inmediatas, para rescatar a la pesca que la doble crisis que le afecta: la del incremento desmesurado de los costes de explotación a causa de los gastos energéticos y la del bloqueo de sus productos por causa del paro del transporte.
La patronal Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de España (FNCP) se han aprestado a dirigirse al Gobierno para cobrarse el haber estado al pie del cañón durante toda la pandemia, aún teniendo que afrontar pérdidas. Así, solicitan al Gobierno que adopte «medidas inmediatas para revertir la situación de inviabilidad» en la que los ha acabado de hundir el alza del gasoil, y advierten de que, de no aplicar acciones de choque, habrá unos problemas de abastecimiento de producto que no se produjeron en el confinamiento. Cepesca y las cofradías creen que es hora de que «el Ejecutivo demuestre la misma responsabilidad que asumieron los pescadores durante los meses más duros de la pandemia covid-19 para evitarlo».
Hasta ahora, la única medida que se ha planteado desde Agricultura es el recurso al Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para cubrir situaciones sobrevenidas como esta. Pero esa salida, aunque adecuada y positiva, solo tendrá efecto a medio plazo. «Su tramitación europea y su posterior transposición a la legislación española, no las haría efectivas antes de finales de este año», señala el sector pesquero.
Lo que piden es algo similar a lo que ha hecho Francia: ayudas de 35 céntimos por litro hasta el 31 de julio. U otras acciones, como la exoneración temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social, el uso de las ayudas de mínimis o rebajas de las tarifas portuarias.
También la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi) ha plasmado en una queja formal enviada al presidente Sánchez su malestar por «la inacción del Gobierno para resolver los problemas derivados del incremento de los precios del gasoil y los graves perjuicios de la huelga incontrolada del transporte por carretera». Los armadores vigueses alertan de que «sus empresas están al borde de la paralización». Unas, porque otras, como las de cerco ni siquiera han empezado la temporada dados los altos precios del combustible.
A las peticiones de acciones inmediatas se sumó ayer el Gobierno gallego por boca de la conselleira do Mar. Rosa Quintana, respaldó ayer en Ribeira la demanda efectuada por el sector para que exima a la flota del pago de la Seguridad Social, en compensación por la subida del combustible. Indicó que, según los cálculos efectuados, esto tendría una repercusión económica a nivel estatal de 15 millones de euros mensuales. Sin embargo, sentenció que, con un paro, esta cantidad se multiplicaría por tres.
Mirando unas salas de subastas en Ribeira en las que únicamente podían verse un puñado de cajas de sargo y abadejo, indicó que «en Burela e Celeiro están desesperados. Os barcos de Gran Sol non teñen quen leve a mercancía». Por ello, instó al Gobierno central a «adoptar as medidas precisas para dar unha solución», señalando que los costes de combustible también hacen muy difícil la operativa de los profesionales del mar que, sin embargo, están saliendo a faenar.
La otra cara de la crisis que se ceba en la pesca, armadores, distribución y con especial énfasis el Gobierno gallego ha instado al Ejecutivo autonómico a abrir esos corredores alimentarios que el sector lleva pidiendo desde el martes pasado. La conselleira Rosa Quintana exigió ayer en una sala de subastas de Ribeira que daba pena de vacía que estaba que «os sectores primarios se declaren servizos esenciais na folga de transporte» y, por tanto, se movilicen «as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado para escoltar aos transportistas que non secundan o paro».
La misma petición han hecho la patronal Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), alertando de los «gravísimos perjuicios» que la protesta está causando «al sector pesquero, tanto de altura como de bajura y provocando la pérdida de ciento de toneladas de pescado en el primer caso y el amarre de numerosas flotas en el caso de la bajura, ante la imposibilidad de comercializar sus capturas. El comité de productos pesqueros de AECOC, los armadores de Vigo, las asociaciones que operan en la lonja del Muro en A Coruña... Todos piden esos corredores alimentarios para abastecer los mercados e impedir que se desperdicien toneladas de alimentos.
El mismo ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha dicho que obstaculizar la distribución de alimentos es una «acción ilegal e inmoral», unos términos similares a los que empleó la conselleira de Mar, Rosa Quintana, que dice que no se puede consentir que se permita el desabastecimiento y mucho menos se puede «consentir que se tire un producto de alto valor». Por eso que esperar hasta el 29 -fecha para la que el Gobierno ha anunciado rebajas en gas, luz y combustibles- es mucho esperar.