La Xunta considera un disparate aplicar la Ley de Costas en los puertos autonómicos
SOMOS MAR
Ridiculiza que se invite a 3 depuradoras a irse de Tragove y conservar sus tubos
27 abr 2022 . Actualizado a las 19:28 h.Ahora la amenaza está sobre tres depuradoras ubicadas en el puerto de Tragove (Cambados) a las que la Dirección General de Costas ha sugerido que no van a poder seguir estando allí, pero su sombra se extiende a esas 4.000 edificaciones que auguraban las conselleiras de Mar y Medio Ambiente —Rosa Quintana y Ángeles Vázquez, respectivamente—, lo que les valió la etiqueta de agoreras. Pero tras conocer que la interpretación restrictiva que Transición Ecológica hace ahora de la Ley de Costas —pues no ha habido cambio normativo— cuestiona también la ubicación de la plaza de abastos de Cambados, del centro de salud y de otros negocios allí asentados, la profecía de ambas, que Madrid negaba, parece cumplirse. La Xunta lo tiene claro: es un nuevo ataque del ministerio de Teresa Ribera «contra o complexo mar-industria de Galicia». Una agresión para la que el Gobierno central no duda en «invadir as competencias exclusivas que a comunidade ten na xestión dos peiraos autonómicos», explicó la conselleira de Mar, Rosa Quintana, que ayer se reunió con representantes de la Confederación Mar-Industria Alimentaria.
Quintana calificó de «disparate» que se pretenda aplicar la Ley de Costas a los puertos autonómicos pasando por encima de la Constitución, el Estatuto y la propia normativa estatal que en su exposición de motivos «exceptúa desa lei os espazos do dominio público marítimo portuario». Y resaltó la incongruencia que supone el hecho de que ese informe perceptivo y vinculante de Costas sobre el plan especial de Cambados invite a tres depuradoras a irse de Tragove, pero les permita seguir manteniendo las tuberías de captación y desagüe. «¿Auga do mar para trasladarse a 8, 10 ou 20 quilómetros? Iso bota por terra todo os asuntos que están abordando desde ese departamento: a transición ecolóxica, a pegada de carbono, a hídrica, o uso de combustibles fósiles... En fin, todo un conxunto de disparates», dijo Quintana. Y en eso incidió el secretario general de la Confederación Mar Industria Alimentaria, Fernando Otero, que recordó que, según el cálculo hecho por las empresas, de tener que trasladarse a polígonos industriales, necesitarían 27.500 camiones por depuradora al año para abastecerlas del agua que necesitan. Otero insistió en que lo que buscan las empresas es «seguridad jurídica» para sus inversiones y no los sobresaltos que de un tiempo a esta parte llegan por interpretaciones cambiantes sin haber habido modificaciones normativas de por medio.
Ahora bien, la Xunta no va a ir por las bravas. Al menos no de momento. Tanto la Consellería de Medio Ambiente como la de Mar han solicitado al Gobierno abrir una mesa de diálogo para que en Madrid entiendan la situación de la cadena mar-industria gallega. Eso sí: «Si non conseguimos convencer, abordaremos a resolución dos expedientes de acuerdo coas nosas competencias y, por tanto, nós imos seguir tramitando ese documento», el plan especial de Cambados, sentenció Quintana.
