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El sector pesquero de cuatro países se prepara para ir al tribunal contra las vedas que impondrá la Comisión

E. A. REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

M. MARRAS

Bruselas se empecina en aprobar 87 áreas restringidas a la pesca de fondo a pesar de los errores detectados y de no disponer de informes de impacto socioeconómico

27 jul 2022 . Actualizado a las 04:49 h.

«Legislar mal a sabiendas de que se causa perjuicios a terceros tiene un nombre: prevaricación». Y otra cosa, no, pero saber que puede provocar daños irreparables a un colectivo, la Comisión Europea (CE) «lo tiene que saber». Más que nada porque así se lo ha advertido el sector pesquero de cuatro países y las autoridades y científicos de varios de los Estados miembros afectados por esas 87 vedas -en un principio eran 94- a la pesca de fondo que pretende imponer para proteger hábitats vulnerables. Iván López, presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), salió ayer más que decepcionado de la reunión que la Dirección General de Asuntos Marítimos (DG Mare) convocó para —se suponía— escuchar argumentos y recoger datos técnicos que pudieran hacer replantear las áreas protegidas, pero que resultó ser una consulta para la siguiente normativa. Porque la Comisión dio sobradas evidencias de que va a ejecutar las vedas en cuanto acabe la consulta al Reino Unido, a principios de septiembre, aunque en noviembre el ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) publicará un nuevo informe con el que se corregirán los posibles errores en las zonas restringidas. Es decir, que «va a publicar una ley para dos meses», siendo consciente, además, de que no dispone de informes de impacto socioeconómico sobre artes de fondo fijas, no móviles. Carece de esos datos porque el propio ICES admite que no hay metodología para conocer cómo impacta el palangre y que llevará años tenerla. Aún así, «sabiendo todo eso», sin escuchar al sector e ignorando la «‘no opinión' del Consejo», Bruselas pretende seguir adelante restringiendo el acceso de las artes de fondo a 87 áreas. Eso no deja mucho más margen que «recurrir a la Justicia europea para protegerse», dice López.

Esa es la salida que también apunta Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de la patronal comunitaria, Europêche. Salió de la reunión tan decepcionado como López, tras comprobar la intransigencia de la CE, absolutamente decidida a adoptar el reglamento de ejecución con el único aplauso de los ecologistas.

La mejor información científica

Garat insistió en la necesidad de revisar y corregir el reglamento antes de publicarlo y hacerlo de forma consensuada y pidió que se dejasen fuera de esa decisión las artes de fondo fijas como el palangre por falta de datos de impacto. A pesar de ello, y de que recordó la obligación de utilizar la mejor información científica disponible —que es la de los científicos españoles del IEO, mucho más detallada— para evitar restringir zonas de más, la Comisión sigue empecinada en ejecutar las vedas. «No nos vamos a quedar de brazos cruzados», sentenció Garat. Primero pedirán un encuentro con el comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius; contactarán también con los diputados del Parlamento Europeo; seguirán apelando al Consejo y, si aún así se imponen las vedas, irán a los tribunales. A fin de cuentas, dice Garat, Bruselas se extralimita, pues se aferra a que se trata de ejecutar el reglamento de especies de fondo y dicta normas para áreas de 100 metros de profundidad. Ahí ya tienen que decir el Parlamento y el Consejo, porque ya no son aguas profundas.

Sergio López, gerente de la Organización de Productores de Burela (OPP 7), también puso en duda la calidad de los datos utilizados. Aparte de que la propuesta se ha elaborado sobre cuadrículas de 25 kilómetros cuadrados -demasiado amplias cuando se trata de imponer una prohibición así- no ha habido un cálculo del impacto socioeconómico y mucho menos un proceso de consulta y de diálogo. Al menos no el debate que requieren puertos como el de Burela y el de Celeiro, donde se descarga el 70% de la merluza en el norte y en los que se desconoce el daño que esas vedas puedan causar al sector y su cadena.