Bruselas se plantea recurrir el veto impuesto a los «objetos» en el Índico
SOMOS MAR
Eurodiputados piden agilidad en la respuesta porque es vital para la flota
19 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Los atuneros europeos no tienen duda: la Unión Europea (UE) y sus aliados han sido víctimas de toda una conspiración para desarmar a la flota comunitaria y frenar el desarrollo económico de los países de su órbita, que vienen siendo las islas Seychelles e isla Mauricio. Denuncian que once Estados, encabezados por Indonesia —y jaleados, según sus tesis, por una organización ecologista británica— ha desatado una «tormenta geopolítica», en palabras de la patronal pesquera, que ha desarbolado a las embarcaciones atuneras que ondean bandera de algún país de la UE (básicamente España y Francia). Porque creen que no tiene otro fin que acorralar a la flota comunitaria e imponer un veto a los dispositivos agregadores de peces (FAD, por sus siglas en inglés), conocidos comúnmente como objetos, y a los buques auxiliares del cerco (pangas).
Huele a conspiración que esas medidas se hayan adoptado en una sesión especial de la Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC). Como también huele a chamusquina que se hayan aprobado por votación, cuando las medidas en el seno de esa organización regional de pesca (ORP) se adoptan por consenso. Por si había dudas de la confabulación, esa votación, por otra parte inédita, ha sido secreta. Una reserva al parecer inútil, puesto que los atuneros europeos son capaces de relacionar al menos 7 de los 11 países que se mostraron a favor de eliminar los objetos y poner cuantas más zancadillas mejor a los atuneros comunitarios: Somalia, Pakistán, Indonesia, Madagascar, India, Irán, Australia e incluso las islas Chagos, parte contratante a través de la que está presente un antiguo socio comunitario: el Reino Unido.
46 barcos afectados
La sesión especial se celebró apenas unos días antes de la reunión del Comité de Pesca del Parlamento Europeo. En la reunión, la Comisión Europea comparecía precisamente para valorar el acuerdo pesquero renovado con isla Mauricio, un pacto en el que se ha elevado la compensación económica y aumentado las posibilidades de pesca porque el anterior «ha funcionado bien». Y en ese foro, eurodiputados españoles expresaron su preocupación por ese supuesto complot contra la Unión Europa. Un sabotaje que puede acabar con la flota atunera comunitaria —integrada, según la patronal Europêche, por 46 embarcaciones, buena parte de ella española o de capital español— y, de paso, con el sector conservero de los países en desarrollo aliados con la UE, como las Seychelles e isla Mauricio.
El gallego Francisco Millán Mon, del PPE, habló de «ataque global al sector» atunero, justo al que «mejor lo hace». También la vasca Izaskun Bilbao auguró «consecuencias devastadoras» y, como Millán Mon, reclamó una reacción inmediata, una respuesta en línea con la que reclamó la directora de la división de túnidos de la patronal comunitaria, Anne-France Mattlet: «Que la UE y sus socios impugnen esta decisión para salvar la flota de cerco». Lo contrario será «entregar nuestro suministro de atún a flotas no comunitarias e intereses extranjeros».
El representante de la Comisión fue tajante: «Lamentamos estas decisiones y nos preocupa el método de votación, porque por primera vez se ha recurrido a una votación». Y en cuanto al contenido, admitió que las consecuencias «pueden ser devastadoras». Hay un plazo de dos meses para presentar objeciones y el Ejecutivo comunitario «va a analizar las opciones con los Estados miembros para poder recurrir, si a estos les parece pertinente».
Pero no se distingue Bruselas precisamente por su agilidad. «El sistema tan complejo que tenemos para adoptar decisiones entre la Comisión y el Consejo» ralentiza la reacción. Y sesenta días se pasan volando, apuntó Millán Mon, quien alentó a la Comisión Europea a agilizar lo máximo posible ese proceso de objeción y en dos semanas dar información a los eurodiputados de todo lo que se está haciendo para frenar una decisión que el mismo Ejecutivo comunitario admite que tendrá consecuencias fatales para la flota.
El acuerdo prohíbe el uso de barcos auxiliares: «En dos años acabarán con la flota»
El veto a los objetos no es inmediato. Para este año se ha aprobado una veda de 72 días entre el 1 de julio y el 11 de septiembre, pero con aspiraciones a su erradicación total, explica Julio Morón, gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), que agrupa a una quincena de barcos con bandera de España y a otros tantos de pabellón extranjero pero capital español. No es la única medida que amenaza la continuidad de la flota de cerco en el Índico. Ahí está que la resolución aprobada incluye la prohibición del uso de las pangas, las embarcaciones auxiliares que los grandes atuneros emplean en sus operaciones de pesca. Toda una ofensiva contra esta modalidad, más del uso de la flota comunitaria que de la asiática, que en su mayoría operan con palangre. Un cerco al cerco congelador al que, según explica Morón, también se le pretende imponer un sistema de registro de FAD que hará que «en dos años desaparezca la flota cerquera».
Los atuneros, a través de la patronal comunitaria Europêche, fueron los primeros en apelar a la Comisión Europea para que presentase una objeción a la decisión tomada por votación. Y, por supuesto, lo mismo han solicitado al Gobierno español que, trasladó Morón, tenía previsto hacer llegar el jueves pasado al Consejo su objeción particular a lo sucedido en la sesión especial desarrollada en Kenia.
También ha mostrado su rechazo a la decisión el Gobierno de las islas Seychelles, donde tienen su base operativa buena parte de los atuneros comunitarios, que suman un total de 46 embarcaciones.