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La Xunta insiste en que la autorización de vertido en San Finx cumple escrupulosamente la normativa

Marta Gómez Regenjo
M. Gómez NOIA

SOMOS MAR

El vicepresidente primero, Francisco Conde, defendió en el Parlamento que la autorización de vertido en San Finx cuenta con todas las garantías.
El vicepresidente primero, Francisco Conde, defendió en el Parlamento que la autorización de vertido en San Finx cuenta con todas las garantías. Sandra Alonso

El vicepresidente Francisco Conde explicó en el Parlamento que el permiso no incluye el desarrollo de la actividad minera

23 feb 2023 . Actualizado a las 11:33 h.

Uno de los temas abordados en el pleno del Parlamento gallego de este miércoles afecta directamente a la comarca, ya que durante la sesión salió a la palestra la controvertida autorización concedida a la empresa titular de la mina de San Finx para el vertido al río Pesqueiras, que desemboca en la ría de Muros-Noia, del agua procedente de las galerías de la explotación. El vicepresidente primero de la Xunta y titular de la cartera de Economía e Industria, Francisco Conde, aclaró en su intervención que el permiso otorgado por Augas de Galicia cumple escrupulosamente la normativa vigente e insistió en que su tramitación «se desenvolveu con todas as garantías». Una afirmación que los grupos de la oposición cuestionaron.

En un pleno al que asistieron representantes de las cofradías de Noia y Portosín, acompañados por miembros de distintas agrupaciones del BNG de la comarca, Conde recordó también que la autorización de vertido no permite el desarrollo de la actividad minera. En este sentido, explicó que para poder llevar a cabo la fase de explotación en la planta quinta e inferiores, que están inundadas, la titular debe presentar y tramitar la actualización de proyectos, y esta «debe someterse previamente á tramitación ambiental».

Representantes de las cofradías de Noia y Portosín acudieron al debate en el Parlamento invitados por el BNG.
Representantes de las cofradías de Noia y Portosín acudieron al debate en el Parlamento invitados por el BNG.

Seguimiento exhaustivo

Con respecto al permiso para el vaciado de las galerías inundadas, el vicepresidente recalcó que la autorización está supeditada al cumplimiento de 18 requisitos para la correcta gestión de las medidas de depuración y a un estricto cumplimiento de las normas de calidad ambiental. A esto añadió que se realizará un seguimiento y control exhaustivos para evitar que la actuación cause afección alguna al río Pesqueiras o al regato de Rabaceiros.

Por último, Francisco Conde reiteró que la Xunta «traballa a prol dunha minaría responsable e sostible, que cumpra escrupulosamente coa normativa vixente e cos parámetros de calidade ambiental».

Pocas garantías

Frente a estas afirmaciones, el portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Pablo Arangüena, alertó de los daños que el vertido autorizado en San Finx pueden ocasionar sobre el medio y sobre los bancos marisqueros y explicó que los 900.000 metros cúbicos de aguas residuales que está previsto vaciar «supón un 50 % máis da carga total do maior superpetroleiro».

Añadió el político socialista que la autorización es «ilegal» puesto que carece de evaluación ambiental y criticó que la única garantía que ofrece el Gobierno ante el vertido «sexa un control semanal na fase de baleirado, deixando os outros seis días ao albur da propietaria». Lamentó, por último, que la Xunta, «en troques de velar polo interese público protexendo o medio ambiente e o marisqueo, sempre parece escoller o interese privado das empresas».

Puestos de trabajo en peligro

En la misma línea, el BNG, por boca de la diputada pobrense Rosana Pérez, acusó al Ejecutivo autonómico de «pór en risco ata 1.600 postos de traballo directos co obxectivo de favorecer a unha empresa que vai contaminar e destrurír aquí e levar os beneficios a outro lado».

Pérez advirtió también que las aguas de la mina de San Finx contienen altas concentraciones de cadmio, cobre y zinc «que serán bombeadas ao río e que acabarán na ría», y recordó que, además de alarma, el permiso concedido por Augas de Galicia ha generado un rechazo total en la comarca: «O Concello de Noia, co seu alcalde do PP á cabeza, o PP de Outes, as confrarías e a sociedade no seu conxunto piden a suspensión desta autorización».