Los sindicatos convocantes consideran abusivos los servicios mínimos decretados por la Administración
28 mar 2023 . Actualizado a las 04:40 h.Inspectores de Pesca Marítima (IPM) realizan la primera huelga de su historia. Dejarán de hacer inspecciones en los puertos para concentrarse delante de los ministerios de Agricultura y de Política Territorial, ambos parte empresarial de la negociación.
El paro ha sido convocado en respuesta a la nueva instrucción de horarios especiales para estos funcionarios dictada en enero por la Administración después de dar por concluidas las negociaciones sin acuerdo con la parte social. Este cuadrante, según los inspectores, presupone una mayor disponibilidad y flexibilidad para todo el personal de inspección pesquera, con todo lo que eso implica en la conciliación de la vida personal y laboral, e incluye un régimen de especial disponibilidad (RED) que agrava la situación, dicen los sindicatos. La compensación que plantea la Administración no alcanza siquiera la productividad anual promedio que un inspector percibía hace 13 años
CSIF, uno de los sindicatos convocantes, señala que la propuesta de remuneración «es inaceptable», no solo es insuficiente para reparar la pérdida de poder adquisitivo del colectivo en la última década sino, sino también porque «la necesidad de la Administración de que los inspectores adapten su actividad a la de un sector que opera las 24 horas del día y los 7 días de la semana, es algo intrínseco a la inspección de pesca y no debe estar sujeto a incentivos por productividad, sino ser remunerado a través del complemento específico, al igual que ocurre en otros colectivos de funcionarios del Estado», apuntan desde el sindicato de funcionarios.
En cuanto a la formación y la evaluación de riesgos, CC.OO., CSIF, ELA y CIG han aplaudido la declaración de intenciones de la Administración de aceptar las demandas de la parte social e incluir los cursos STCW (Convención Internacional en Estándares de Formación, Certificación y Vigilancia para la gente de mar) en la formación del colectivo. Sin embargo, aunque se ha mostrado dispuesta a considerarlo, no ha garantizado que en la actualización de la evaluación de riesgos que está realizándose vaya a evaluarse in situ las actuaciones de los inspectores en el mar, ya que los técnicos de prevención de riesgos de ambos ministerios no pueden embarcar por carecer de la formación necesaria para ello.
Así desde las organizaciones sindicales reclaman que la evaluación de dichas actuaciones por personal técnico especializado es vital para la seguridad en las labores marítimas y el compromiso de la Administración.
Servicios mínimos «abusivos»
Los sindicatos han mostrado su rechazo a los servicios mínimos impuestos por la Administración, de dos inspectores en las dependencias del Cantábrico Noroeste (que comprende Pontevedra, A Coruña, Asturias, Cantabria y Guipúzcoa) y un inspector en Las Palmas, así como en Tarragona, Murcia y Cádiz.
Si bien son un total de 14 inspectores, en comunidades autónomas como Asturias, Cantabria y País Vasco supone negarle el derecho constitucional a la huelga a entre un 50 % y un 30 % de la plantilla y eso cuando dichas comunidades no están afectadas por pesquerías con inspecciones obligatorias según la normativa pesquera y no supone la paralización de la actividad del sector el que no haya ese día presencia inspectora en puerto.
Además, la jornada de trabajo de los inspectores afectados por los servicios mínimos en estas autonomías corresponderá a la programación horaria que tengan asignada, lo que supondrá que en cualquier caso se desatiendan las funciones de control e inspección de la actividad pesquera durante parte de la jornada. No se entiende, por tanto, por qué la Administración designa unos servicios mínimos que «resultan abusivos».