Bruselas aún está evaluando el impacto económico de las 87 vedas de fondo
SOMOS MAR
El análisis de los efectos socioeconómicos por cada buque está en curso
30 jun 2024 . Actualizado a las 19:54 h.El todavía comisario de Pesca Virginijus Sinkevicius justificó en su día la aprobación de las 87 vedas a la pesca de fondo aferrándose a que ya se llevaban varios años de retraso en el cumplimiento del reglamento de aguas profundas, del 2016. Este establecía que, a más tardar el 13 de enero del 2018, la Comisión Europea adoptaría actos de ejecución para «una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o sea probable que existan». Sobre esa base, en octubre del 2022 se prohibió la pesca de fondo entre los 400 y 800 metros de 87 áreas diseminadas por el cantil de cuatro países: España, Portugal, Francia e Irlanda.
Claro que ese mismo reglamento, en el mismo artículo, unido por un punto y seguido, la norma recoge que «la Comisión revisará la lista todos los años sobre la base del asesoramiento recibido del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (STECF) y, cuando proceda, modificará la lista mediante actos de ejecución. Y no hubo revisión en el año 2023. Sí se produjo una propuesta del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), que planteaba aumentar hasta 115 las zonas acotadas —aunque suman una superficie protegida menor—. E incluso un informe preliminar del STECF, pero el «análisis socioeconómico más completo para conocer el impacto a nivel de cada buque y no de flota, aún está en curso», informó Sinkevicius en una respuesta a la entonces eurodiputada del grupo Renew Izaskun Bilbao. Esta preguntaba por qué no se había corregido la decisión del 2022 cuando hay «mejores datos disponibles», se conocen «los graves perjuicios socioeconómicos» y, sobre todo, cuando «está obligada a revisar anualmente el impacto de sus actos de ejecución».
El comisario se limita a reiterar que la lista de cierres se hizo con los datos proporcionados por los Estados miembros, se empleó la misma resolución —cuadrículas— que se aplica al Atlántico nororiental desde el 2019 y que ese análisis socioeconómico empezó en el 2023 y continúa en curso en el 2024.
Sinkevicius recordó, asimismo, que el informe preliminar del STECF indica que «el impacto no superaría el 10 % del valor añadido bruto». Claro que también recoge que los segmentos de flota más afectados en todos los escenarios serían los arrastreros y cerqueros españoles de 18 y 24 metros, cuando ha sido el palangre de fondo, el pincho, el más perjudicado por la profundidad a la que se aplica la prohibición. De hecho, han sido los pincheiros los que han recurrido el acto de ejecución ante el Tribunal General de la UE, con una demanda que la justicia europea verá —junto el recurso presentado por España— el próximo jueves, a las nueve y media de la mañana.
Que el STECF va a hacer la evaluación socioeconómica del impacto que tienen los cierres lo saben los armadores porque les han pedido colaboración a través del Consejo Consultivo de Aguas Noroccidentales (NWW) y al Consejo Consultivo Sur (CCR-Sur). La intención del comité era realizar entrevistas individuales con empresarios que participan en la pesquería «para comprender mejor los resultados del modelo que obtendremos para el desplazamiento del esfuerzo pesquero». Pero en la evaluación socioeconómica a cargo del STECF ya se llevaban varios años de retraso a la hora de cumplir el reglamento del 2016 de aguas profundas.