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La UE se prepara para impulsar la protección del 30 % de las aguas internacionales

Somos Mar REDACCIÓN / LA VOZ

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Algas en el fondo marino (foto de archivo)
Algas en el fondo marino (foto de archivo) Benjamin Davies

La Comisión adapta la legislación comunitaria al Tratado de Alta Mar

28 abr 2025 . Actualizado a las 09:29 h.

Conocido por sus siglas en inglés BBNJ, el Acuerdo Internacional sobre Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional o Tratado de Alta Mar lo firmaron 89 países en el 2023. La Unión Europea (UE) se ha comprometido a ratificarlo antes del próximo junio, cuando se celebrará en Niza (Francia) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, acaba de dar un paso más para integrar en la legislación comunitaria aspectos de un pacto que, entre otras cuestiones, prevé preservar con «áreas marinas protegidas a gran escala» el 30 % de las aguas internacionales en el 2030.

El objetivo es preservar aguas internacionales que constituyen casi dos tercios del mar mundial, combatiendo la degradación ambiental, el cambio climático y frenando la pérdida de biodiversidad. Desde el sector pesquero se apuntó en diferentes ocasiones que debería contarse con las Organizaciones Regionales de Pesca (OROP) que desde hace años regulan en distintas partes del planeta y, de hecho, se aplaudió el BBNJ porque respeta la autoridad de esas entidades.

«En consonancia con el Pacto Europeo de los Océanos», la Comisión considera que incorporar a la normativa comunitaria el Tratado de Alta Mar «simplificará y armonizará los procesos administrativos y garantizará la igualdad de condiciones» entre los Veintisiete. Con todo, ahora será debatida por la Eurocámara y por el Consejo Europeo. Y el BBNJ entrará en vigor en el mundo 120 días después de que formalicen su ratificación 60 de los 89 países que lo firmaron.

Además de promover áreas marinas protegidas, la directiva impulsada por la Comisión se propone «minimizar la carga regulatoria» en los Estado miembros. «Antes de aprobar actividades en aguas internacionales, deberán evaluar su posible impacto ambiental en el medio marino», explica las autoridades europeas en un comunicado. La valoración «debe garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, una ampliación participación pública y condiciones justas para todas las partes involucradas».

Y los investigadores de la UE, «en particular aquellos que colaboran transfonterizamente en materia de recursos genéticos marinos, recibirán apoyo faclitando el intercambio» de esa información científica. Según la Comisión, así se «garantizará una distribución justa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos y la información digital sobre sus consecuencias».