Dos tribunales europeos decidirán si el veto a toda la pesca de fondo es legal
PESCA Y MARISQUEO
Más barcos lo recurrirán y Francia no aclara si se unirá a la denuncia española
25 oct 2022 . Actualizado a las 04:45 h.Se desconoce su impacto sobre los ecosistemas marinos vulnerables, pero se confirma a la flota del pincho de Gran Sol como la más directamente afectada en los primeros quince días de cierre de 16.419 kilómetros cuadrados del Atlántico nororiental a toda la pesca de fondo. Porque la Comisión Europea quiere proteger 5.237 kilómetros donde se sabe o se supone que hay o puede haber corales o esponjas de aguas profundas, esos pesqueros acreditan hasta ahora la caída a la mitad de sus capturas y, por tanto, sus ingresos. Constatarlo lleva a más barcos españoles a recurrir las 87 vedas. Su denuncia se dirimirá en un tribunal comunitario distinto al que decidirá sobre la del Gobierno español, que la ultima y deja entrever que Francia no lo secundará.
Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, se reunió este lunes en Madrid con Hervé Berville, secretario de Estado de Mar en el Ejecutivo galo. Desde el ministerio apuntan en un comunicado que España y Francia comparten que con el veto «no sucede» lo que propugna la política pesquera común: el «equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental, social y económica». El Gobierno español lo «considera injusto y desproporcionado», por lo cual lo impugnará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que resuelve litigios entre los Estados y las instituciones comunitarias. El francés «apoyará la revisión del reglamento» anunciada por la Comisión, según Pesca.
«Un período muy curto»
De momento, solo la Organización de Productores Pesqueros (OPP) de Burela ha confirmado un recurso legal contra las vedas. Al no tratarse de un actor «privilegiado» en el conflicto, como lo es el Gobierno español, lo presentará en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), donde se dirimen denuncias de personas físicas o jurídicas para anular medidas de la UE que les afecten directa y particularmente. A diferencia del TJUE, contra su dictamen cabe recurso, explica Sergio López, gerente de la OPP Burela.
De la denuncia de los armadores y de la del Gobierno español hablaron este lunes en Madrid dirigentes del ministerio, encabezados por Alicia Villauriz, secretaria general de Pesca, y del sector. También analizaron los primeros datos de las consecuencias del cierre de caladeros a los pincheiros de Gran Sol, pilares de los puertos de Celeiro y Burela. Sobre este último, Sergio López ratifica pérdidas de la mitad de capturas, si bien admite que dos semanas «son un período moi curto» para evaluar.
Otro de los participantes en ese encuentro híbrido, presencial y telemático, fue Jesús Lourido, gerente de Productores Pesqueros de Celeiro. Coincide con su colega de Burela en que por ahora «non son representativos» los resultados del impacto socioeconómico, si bien señala que la caída ronda el 50 %.
También participó Juan Martín, gerente de la Asociación de Armadores de Marín. Sin palangreros de fondo ni volanteros, todavía valoran cómo les afecta a sus arrastreros una veda que cae justo en uno de sus caladeros tradicionales en Galicia y otra al norte del Portugal. «Ahora que disponemos de las nuevas delimitaciones estamos analizando con los patrones el impacto por eso hemos pedido un poco más de tiempo para valorar», explicó. Por lo mismo no se han planteado todavía presentar recurso.
Demostrar afectación directa
A la flota de Marín, igual que a la de Burela, la de Vigo o la de Celeiro, sus asesores legales les dicen «que tenemos que demostrar una afectación directa a la cuenta de explotación y a las posibilidades de pesca por la delimitación de los polígonos y eso hay que medirlo muy bien», añadió Martín. A la reunión con Pesca también acudieron Javier Garat, secretario general de la patronal española Cepesca, e Iván López, presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), entre otros.
