El Gobierno licitará el enlace por tren al puerto exterior de punta Langosteira
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PUERTOS
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La obra se financiará a través del mecanismo para la recuperación de la UE
09 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.«Nos comprometemos a encarar la conexión ferroviaria a punta Langosteira», afirmó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el pasado 10 de marzo tras su reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. Hoy ambos volverán a verse en Santiago, en un encuentro en el que también participarán el presidente de la Autoridad Portuaria de esa ciudad, Martín Fernández Prado, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. La poco habitual presencia de la regidora en un encuentro entre los Gobiernos gallego y estatal es un indicio de la implicación del Ayuntamiento coruñés en la búsqueda de un acuerdo sobre el tren. En la reunión está previsto que se concrete la licitación del enlace ferroviario y su financiación, que en principio saldrá del Mecanismo de Recuperación de la UE.
La obra del tren cuenta con un proyecto aprobado desde el 2018. Es una línea férrea de 6,5 kilómetros de longitud que unirá el puerto exterior, situado en Arteixo, con el corredor atlántico de mercancías. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 50 meses y está presupuestado en 140 millones de euros. Durante tres años ese ha sido el principal obstáculo para iniciarla, ya que la deuda de 300 millones que afronta la Autoridad Portuaria de A Coruña por la obra de Langosteira le impedía acceder a más crédito.
Pero el tren es estratégico para la viabilidad del puerto exterior, en el que el sector público y privado han invertido más de mil millones de euros desde el 2004. También lo es para la ciudad de A Coruña, que no podrá urbanizar sus muelles interiores hasta que todas sus concesionarias -que precisan una conexión ferroviaria- se trasladen a Langosteira.
Rey anulará el pacto del 2004
El gobierno local coruñés adelantó que la alcaldesa comunicará hoy a Ábalos y a Feijoo que va a activar el proceso para anular los convenios del 2004 para la construcción de Langosteira, que en una reunión con todas las Administraciones celebrada en febrero fueron declarados obsoletos.
Sobre la licitación del tren, Rey señaló que es «un paso esencial en la hoja de ruta marcada en febrero» y añadió que «si finalmente la conseguimos habremos dado un paso histórico para la ciudad y para Galicia, pues solo esa conexión ferroviaria permitirá que concretar la integración del puerto en la ciudad».
El ministro José Luis Abalos asistió en A Coruña a la toma de posesión del delegado del Gobierno, José Miñones, que subrayó que hoy se cumplirán «demandas históricas de Galicia».
El camino hacia el acuerdo
Xunta y Ayuntamiento insistieron durante meses en la importancia de la obra. Es el proyecto «más urgente e importante» para la ciudad subrayó Rey en varias ocasiones». No hacer el tren «sería como tirar mil millóns ao mar», señaló el presidente gallego. «Sin tren tenemos un fórmula 1 sin ruedas», afirmó Martín Fernández Prado. La presidenta del ADIF, Isabel Pardo de Vera, afirmó a finales del 2019 que «no se concibe un puerto sin ferrocarril». Langosteira es el único de interés general en la península, salvo Motril, que carece de ese servicio o no lo tiene en obras.
Las Administraciones no solo coincidían en el diagnóstico, también en que solución más viable para la financiación del tren son los nuevos fondos de la UE contra la crisis causada por la pandemia, ya que el enlace ferroviario cumple los objetivos medioambientales y de diversificación e impulso económico a los que promueven esas ayudas, y cuenta con todos los permisos para poder ejecutarse en plazo. Así lo indican tanto los análisis del puerto como estudios encargados por el Gobierno gallego.
Pero la situación seguía bloqueada. En febrero, el gobierno local de A Coruña convocó a todas las Administraciones para desbloquear la situación. No se cerraron fechas para el tren, pero los enviados del Estado -Francisco Toledo, presidente de Puertos, Sergio Vázquez, secretario general de Infraestructuras; y la propia Isabel Pardo de Vera- insistieron en el compromiso del Gobierno con la viabilidad de Langosteira. Unos días más tarde, tras la reunión con Núñez Feijoo, el ministro Ábalos confirmó ese compromiso y subrayó que A Coruña no iba a ser «una excepción» en los ambiciosos planes de su ministerio para impulsar el transporte por ferrocarril.
La Xunta plantea un pacto global para urbanizar los muelles
El Gobierno gallego lanzará en la reunión con el ministro José Luis Ábalos y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, una propuesta de acuerdo para urbanizar los muelles de A Coruña, que quedarán liberados cuando las empresas concesionarias que operan en el puerto interior se trasladen a punta Langosteira. Las tres dársenas -Batería, Calvo Sotelo y San Diego- tienen una superficie de más de 483.000 metros cuadrados y van desde la entrada de la ciudad por la ría de O Burgo hasta el casco histórico. Su apertura liberará una de las fachadas marítimas de la ciudad y se perfila como la mayor oportunidad de A Coruña para rediseñar su tejido urbano durante este siglo.
El objetivo de la Xunta es lograr un acuerdo concreto para el desarrollo de esos muelles. El plan se plasmará en un borrador de acuerdo marco de colaboración de todas las Administraciones: Xunta, Concello, Diputación de A Coruña, Autoridad Portuaria de A Coruña, Puertos del Estado y ADIF. Ese documento prevé un desarrollo en tres fases para adecuar y humanizar los terrenos de Batería, urbanizar los terrenos de Calvo Sotelo y mejorar la movilidad por la Avenida do Porto, y urbanizar los terrenos del muelle de San Diego».
Además, la Xunta presentará una propuesta de convenio para desarrollar la primera fase, con el fin de que ambos documentos se firmen y pongan en marcha de manera simultánea.
Sobre la financiación, la Xunta señaló que como mínimo mantendrá su aportación del 2018, cuando ofertó 20 millones de euros para mantener la titularidad pública de Batería y Calvo Sotelo. Aquella iniciativa preveía que otras Administraciones aportasen fondos para garantizar la titularidad de San Diego y aliviar por esa vía la deuda de 300 millones de la Autoridad Portuaria.