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El Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta pagarán la compra de los muelles hasta el 2035

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago A CORUÑA

PUERTOS

Los negociadores. Pilar Parra, Puertos del Estado; Martín Fernández Prado, Autoridad Portuaria; Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas; y Juan Díaz Villoslada, concejal de Urbanismo, ayer.
Los negociadores. Pilar Parra, Puertos del Estado; Martín Fernández Prado, Autoridad Portuaria; Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas; y Juan Díaz Villoslada, concejal de Urbanismo, ayer. CESAR QUIAN

El gobierno local acusa al Ejecutivo autonómico de falta de implicación por su rechazo a invertir más en la urbanización

14 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El Ayuntamiento y la Xunta podrán pagar los 20 millones de euros por la compra de los muelles de Batería y Calvo Sotelo en anualidades hasta el 2035. Así se confirmó ayer en la reunión celebrada en la Autoridad Portuaria por el presidente de esa entidad, Martín Fernández Prado; la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez; el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, y la directora corporativa de Puertos del Estado, Pilar Parra.

Aunque queda mucho para despejar el futuro de la nueva fachada marítima, el encuentro supuso nuevos avances, que las cuatro instituciones están de acuerdo en plasmar en un convenio.

El documento, que está redactando la Autoridad Portuaria, tendrá como punto principal la compra de los dos muelles citados. El coste de la aportación será asumido en un 75 % por el Ayuntamiento, que pondrá 15 millones de euros. La Xunta abonará cuatro millones, un 20 %, y la Autoridad Portuaria el 5 % restante, es decir un millón de euros.

Ese reparto es consecuencia de la oferta lanzada por el gobierno local en julio, cuando se ofreció a comprar la mayor parte de los terrenos con el fin de que no lo hiciese la Xunta, que había puesto 20 millones sobre la mesa.

La conselleira de Infraestruturas subrayó que la ciudad no perderá esos fondos, aunque por el momento no se ha concretado a qué actuación se destinarán.

Tanto Ethel Vázquez como Juan Díaz Villoslada y Martín Fernández Prado -Pilar Parra no hizo declaraciones- destacaron el clima de encuentro y avances de la reunión. Pero quedan puntos pendientes. Sigue sin estar claro cómo se financiarán las obras de urbanización de los muelles. El presidente de la Autoridad Portuaria explicó que en el borrador de convenio se recogerá que se abonarán de acuerdo al porcentaje de titularidad. Es decir, el Ayuntamiento pagaría el 75 % de los trabajos; la Xunta, el 20 %, y el Puerto, el 5 % restante. 

Diferencias en la urbanización

La conselleira de Infraestruturas señaló que ese reparto, proporcional a la propiedad, está recogido en la ley del suelo de Galicia. Ethel Vázquez insistió en que se debe respetar esa norma, y reclamó al Ayuntamiento que sea «coherente» con su decisión de comprar la mayoría del terreno.

Por el gobierno local, Juan Díaz Villoslada defendió que la Xunta podría hacer una aportación superior a la indicada en la ley. Fuentes del gobierno local lamentaron que el Gobierno gallego «se niegue a implicarse en la urbanización». También recordaron que para la urbanización de la Marina «cuando gobernaba el PP no tuvieron inconveniente en aportar 12 millones de euros».

Ante la falta de acuerdo, y la posibilidad de que se llegue a uno en próximas reuniones, por el momento se ha optado por introducir en el futuro convenio una referencia a esa normativa, señaló Martín Fernández Prado.

Tanto el presidente del Puerto como la conselleira Ethel Vázquez insistieron en la posibilidad de que la urbanización, que se ha estimado en unos seis millones de euros, se pague con fondos europeos, sean del programa Next Generation o de la convocatoria ordinaria que finaliza en el 2027. 

Sin consenso sobre los tiempos

El segundo desacuerdo podría afectar a la posibilidad de que se obtengan las ayudas europeas. La Xunta y la Autoridad Portuaria quieren desarrollar el puerto en dos fases, primero Batería y Calvo Sotelo y después San Diego. Esa propuesta se basa en que los dos primeros ya están liberados, mientras que el último no lo estará hasta finales de la década. Además, en la primera zona no hay terrenos del ADIF, pero sí en San Diego, y no se prevén viviendas, mientras que en el tercer muelle sí se ha dejado la puerta abierta a esos desarrollos. El Ayuntamiento prefiere redactar un plan director que incluya todos los espacios portuarios, a pesar de las citadas diferencias y del distinto ritmo al que estarán disponibles los terrenos.

Fernández Prado planteó que el plan director se limite a San Diego. Hacerlo de todos los muelles supondrá el «retraso del proyecto» y facilitará la «confusión», porque «todas las Administraciones estamos de acuerdo en que ambas zonas no tienen nada que ver ni en plazos ni en propietarios, porque en San Diego el ADIF tiene el 34 % y la maduración que requerirá esa zona será mucho mayor que lo consensuado en Batería y Calvo Sotelo».

Planes dentro de planes y celos entre Administraciones

«Construiré el muro, y lo pagará México». La cita de Donald Trump salió ayer en los corrillos de la reunión del puerto a colación de la postura del Ayuntamiento, que quiere comprar el 75 % de los muelles y que la Xunta le pague cinco de los 6,6 millones de la urbanización. El Gobierno gallego no está por la labor, e insiste en que el reparto sea proporcional a la propiedad de los terrenos. A su vez, el gobierno local le afea que no quiera implicarse y se desentienda de su oferta inicial de aportar 20 millones para comprar el 51 % y otro tanto para las obras.

A ese desacuerdo se suma el del ritmo de la urbanización y la necesidad, o no, de un nuevo plan director. Pocos espacios se han «planeado» más que los muelles interiores: concursos de ideas, proyectos, estudios, análisis... la mayoría encargados a profesionales de gran prestigio y pagados de acuerdo a ese criterio con fondos de las arcas municipales.

Hace menos de un año que el Ayuntamiento presentó un plan de líneas estratégicas encargado a la UDC. Ahora es necesario un plan director. ¿Será el último?

Tanto papel ha servido para llegar a un consenso sobre ampliar Méndez Núñez y soterrar el tráfico, pero los ciudadanos siguen sin saber qué se hará. Los celos entre Administraciones, que casi descarrilan el tren a Langosteira y el puerto exterior, han vuelto y se retrasa la toma de decisiones.