En el año 2011 Abel Caballero decidió, en solitario, prorrogar el contrato de Aqualia para la gestión del agua de Vigo. La concesión terminaba a finales del 2015 y la alargó durante cinco años. El BNG, y también el PP, ambos en la oposición, protestaron, pero no hubo más. Se trata de una competencia del alcalde y su enfado no llegó al nivel de ponerse de acuerdo para acabar con su gobierno en minoría.
Pasado el tiempo, y en medio de una campaña electoral, en la que los nacionalistas han cambiado a Santiago Domínguez por Serafín Otero, el BNG ha decidido elevar la apuesta. Según declaró ayer su candidato, tienen una propuesta de remunicipalización del servicio y se compromete a «iniciar o proceso durante os próximos catro anos e a modificar o seu recibo». Y para dar más énfasis a la iniciativa, la formula ante la oficina de Aqualia en la calle Venezuela, aunque la intención era hacerlo en la planta depuradora de O Casal, en la calle Cantabria, pero no fue posible «pola prohibición do goberno municipal».
La oferta consiste en el «compromiso expreso» de no realizar nuevas prórrogas de contratos a concesionarias y en concreto a Aqualia y, a la vez, «estudar a fórmula legal que permita a reversión da que está en vigor para adiantarmos o rescate público». De no ser así el asunto quedaría para la corporación que se elegirá dentro de cuatro años. No obstante, la solución para que una empresa a la que se le pide que renuncie a una concesión consiste en el pago de una compensación económica forzosamente elevada.
Con la oferta de ayer del BNG son ya dos los partidos que quieren enmendar la política de privatizaciones iniciada en Vigo por los gobiernos socialistas de Manuel Soto en los años finales de la década de los ochenta. La Marea, encabezada por Rubén Pérez, defiende la municipalización de Aqualia y también quiere hacer lo mismo con el transporte público, que gestiona desde hace décadas Vitrasa.
Marcha atrás
Ayer la Marea planteó también la creación de una empresa municipal de vías y obras «para evitar os sobrecustes da obra pública e de mantemento». Defiende este grupo político la existencia de un sistema de gestión pública para evitar que empresa privadas hagan un gran negocio. Como ejemplo, señala el caso de «algunhas humanización nos que o custe final chega a 6.000 euros o metro cadrado». Por ello quiere destinar fondos del plan de empleo municipal a la creación de empresas municipales «con contratación dentro dunha oferta transparente de emprego».