Basado en hecho reales
Basado en hecho reales
Jueves, 12 de Diciembre 2024, 16:42h
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Es lo mejor que les ha pasado a los hermanos Menéndez en 30 años; deberían mandarme flores», zanjaba así Ryan Murphy la polémica sobre si la serie de la que es creador no reflejaba con precisión el crimen sucedido en Beverly Hills en 1989 y podía perjudicar a los criminales. Erik y Lyle Menéndez acribillaron a balazos a sus padres: sobre eso no hay duda. La hay sobre si lo hicieron porque llevaban años siendo abusados sexualmente por su padre, con el consentimiento de su madre, o si lo hicieron porque querían quedarse con la nada desdeñable fortuna paterna. La serie de Netflix que cuenta su caso ha logrado posicionarse en el número 1 de la plataforma en más de 89 países durante semanas, pero, en realidad, no se posiciona sobre el desencadenante del crimen ni aporta ninguna prueba que no se hubiese aportado ya en los dos juicios que tuvieron lugar en los años 90. Y, sin embargo, ha logrado que se reabra el caso.
Los hermanos Menéndez fueron condenados en 1996 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En octubre de este año, el fiscal de Los Ángeles, George Gascon, anunciaba una audiencia para valorar su posible puesta en libertad tras pasar 30 años en la cárcel. Algo que no habría ocurrido si Erik y Lyle no se hubiesen convertido en un fenómeno viral con millones de seguidores que empatizan con ellos porque sí creen su versión de que fueron sexualmente abusados. También es cierto que hay algunas pruebas en ese sentido que no se habían admitido en los juicios anteriores, pero no son nuevas.
Porque como aclara el abogado penalista Alejandro Rodríguez, cuando tenemos una sentencia sobre la cual ya no se puede interponer ningún recurso, es muy complicado que se reabra una causa como consecuencia de una revelación producida en un programa de true crime. Y añade: «La noticia, indicio o testimonio que surja en la serie o documental ha de evidenciar de manera muy clara que se ha condenado a una persona con base en, por ejemplo, una prueba falsa. Solo así (en el caso de España) podría el acusado acudir a la vía que ofrece el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo».
En el caso de los Menéndez, no hay un recurso ante un tribunal superior. Lo que se alega es que la cuestión sobre el abuso sexual se habría abordado ahora de otra forma y no como se hizo en su segundo juicio, cuando a la defensa no se le permitió utilizar la mayor parte de los testimonios que apoyaban el argumento de los hermanos sobre las agresiones por parte de su padre. Las razones para rechazar esos testimonios que alegaron los fiscales entonces eran técnicas y jurídicas, derivadas del primer juicio, que se declaró nulo porque el jurado no llegó a un veredicto. Pero lo cierto es que en los años 90 los abusos sexuales salían mucho menos a la luz que en nuestros días, por lo que casi no aparecían tratados ni denunciados en los medios, impidiendo que existiera así el nivel de información y de sensibilidad social actuales ante esos delitos.
También es cierto que lo que el fiscal Gascón alega ahora no es solo que los tiempos hayan cambiado, sino que, además, nunca se consideraron nuevas evidencias aparecidas después de la condena: una carta escrita por Erik Menéndez en 1988 –cinco meses antes de los asesinatos– en la que revelaba a su primo Andy que tenía miedo ante los constantes abusos por parte de su padre. Esta prueba nunca se presentó ante el tribunal, ya que fue descubierta seis años después del último juicio. A esta evidencia se le suma un nuevo testimonio que salió a luz el año pasado: Roy Roselló, exintegrante del grupo musical Menudo, aseguraba haber sufrido también abusos sexuales de José Menéndez, productor de la banda. La vista para revisar la condena de los hermanos iba a tener lugar el 11 de diciembre, pero se ha aplazado a enero al haber perdido Gascon las pasadas elecciones para revalidar su plaza de fiscal de distrito del condado de Los Ángeles (se votaba con las generales) frente a un candidato más conservador. Está por verse si con Donald Trump en la presidencia, la sensibilidad en los tribunales sobre las agresiones sexuales sigue siendo la misma.
El caso de los hermanos Menéndez es singular porque lo desencadena una serie de ficción. Muy distinta es la revisión de casos motivada por la investigación periodística a través de un documental. Por ejemplo, el documental ¿Dónde está Marta? –sobre el asesinato de Marta del Castillo– logró que el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla reabriese la causa basándose en nuevas informaciones sobre una hipoteca que los acusados del crimen, Miguel Carcaño y su hermano, Francisco Javier, habían solicitado con datos falsos. Esa hipoteca –la imposibilidad de pagarla porque Francisco Javier se había excedido en unos gastos– podría estar relacionada con el desencadenante del asesinato.
Más recientemente, el documental Cómo cazar a un monstruo, de Carles Tamayo, emitido en Prime, desenmascara a un pederasta que llevaba años eludiendo la cárcel y logra, finalmente, que sea detenido. Una investigación y una implicación personal de Tamayo, que le han valido numerosos premios.
En esta línea, el caso más conocido es el The Jinx ('El gafe'), de Andrew Jarecki, que en 2015 consiguió no solo acceder a Robert Durst, un asesino en serie, sino conseguir que se autoinculpase a través de un micrófono abierto. Durst se había librado de sus crímenes en gran parte por ser multimillonario y pertenecer a una familia poderosa, pero, gracias al documental, acabó en la cárcel, donde murió en 2022.
Otra circunstancia distinta por la que los true crime acaban de vuelta en los tribunales son las demandas económicas. Rosa Peral, la condenada a 25 años de cárcel por el llamado 'crimen de la guardia urbana', reclama 30 millones de euros de indemnización a Netflix por la producción de El cuerpo en llamas. La exagente alega que se vulneran sus derechos y los de sus dos hijas a las que la serie puede «causar daño moral», pese a que en la ficción la circunstancia familiar de Peral se presenta distorsionada –tiene solo una hija– precisamente para evitar estas demandas. Pero lo más singular es que la condenada por el asesinato de su pareja reclama «derechos de autor» a la productora de la serie. Al fín y al cabo, la historia es suya, alega.
Una demanda económica también peculiar, aunque por diferentes razones, fue la del narcotraficante gallego Laureano Oubiña a los productores de la serie Fariña. En su caso se circunscribía a una escena en concreto: reclamó que eliminasen una escena de sexo explícito con su mujer y pidió una indemnización de un millón de euros por atentar contra su derecho de honor, imagen e intimidad. En junio un tribunal falló a su favor: la productora debe retirar la secuencia, aunque la indemnización se ha limitado a 15.000 euros por daños morales.
¿En qué circunstancias pueden verse satisfechas reclamaciones de este tipo? Pues depende de cuán 'basada en hechos reales' esté la ficción. Por ejemplo, señala Alejandro Rodríguez, si el protagonista está condenado por un asesinato y en la serie se reproduce por parte de ese personaje una agresión sexual o un secuestro que no figura en la sentencia, probablemente el tribunal fallará a favor del condenado y este será indemnizado por una vulneración del derecho al honor.
Las líneas rojas legales de los true crime son una de las principales preocupaciones de los productores. De hecho, ha habido más de 20 demandas por difamación contra Netflix en los Estados Unidos desde 2019 por historias basadas en hechos reales, según publica The Wall Street Journal. ¿Cuáles son los límites para no incurrir en un delito? Por norma general, explica Rodríguez, las líneas rojas las marca la sentencia que da por finalizado el caso.
En principio, los condenados no pueden reclamar aunque se atribuyan a su persona unos hechos que no se ajusten del todo a la realidad, si no se apartan excesivamente de la verdad judicial. Por ejemplo, está permitido que, para obtener mayor impacto, se recree el crimen con muchísima mayor agresividad, exagerando el relato de hechos probados por el fallo. O incluso que al autor del hecho delictivo se la caracterice con unos rasgos físicos o psicopatológicos exagerados.
«Como ha puesto el Tribunal Constitucional de relieve en varias ocasiones, salvo salvajadas, bulos o burradas, las libertades de prensa, información y de expresión prevalecen», aclara Alejandro Rodríguez. La libertad artística de los productores está por encima del derecho al honor del delincuente, siempre y cuando se deje claro que se trata de una ficción, por muy basada en hechos reales que esté. Como no están reproduciendo literalmente los hechos del caso que el tribunal ha declarado probados en su sentencia, no están obligados a seguir al pie de la letra la realidad judicial.
¿Y cuando afecta a las propias víctimas? Un caso reciente que ilustra este conflicto es el de Ana Julia Quezada, la asesina de Gabriel, el niño de ocho años conocido como ‘el Pescaíto’, un crimen que tuvo lugar en 2019. Hace unos meses, su madre, Patricia Ramírez, aparecía en los medios visiblemente afectada pidiendo «no añadir más dolor y el cese de la violencia mediática». Una petición que llegaba tras la filtración de que la asesina del menor estaba colaborando en un documental que se había comenzado a producir sin el conocimiento ni consentimiento de los padres del niño. La madre de Gabriel quiere asegurarse, en primer lugar, de que la criminal no se lucra económicamente del crimen. Pero iba más allá: pedía que no se permitiese a los condenados por delitos violentos graves, como asesinos o violadores, que hagan desde las cárceles «ni un documental ni una serie televisiva ni un libro» y que se proteja así a las víctimas de delitos especialmente violentos para evitar su revictimización.
Esta batalla legal ya tuvo lugar con los familiares de las víctimas del asesino en serie Jeffrey Dahmer, 'el carnicero de Milwaukee', que denunciaron públicamente el dolor y humillación tras el visionado de la serie Dahmer de Netflix. La hermana de uno de los asesinados, Errol Lindsey, lo expresó así: «Es volver a traumatizar una y otra vez, ¿y para qué? ¿Cuántas películas, espectáculos, documentales necesitamos? Nos despertamos cada pocos meses en este momento con un montón de llamadas y mensajes; ya hay otro programa sobre Dahmer. Es cruel». Pero es poco probable que su reclamación sea atendida, en términos judiciales.
En España, no existe ninguna ley que impida crear un true crime sobre un crimen pasado, pero sí que los familiares tienen derecho a exigir que se respeten ciertos límites en defensa de la memoria del fallecido. Las productoras pueden contar e incluir grabaciones realizadas de los condenados –amparados por la libertad de expresión y creación– siempre y cuando aborden estos temas sin distorsionar la realidad ni caer en representaciones que revictimicen o causen más dolor a los seres queridos de la persona fallecida. Por ejemplo, los familiares pueden oponerse a que se utilicen imágenes explícitas o representaciones de la víctima que no sean necesarias para contar la historia o que dañen su memoria.
El caso de la supuesta grabación del documental de El pescaíto, la singularidad añadida es que la víctima es un menor, lo que refuerza la empatía del público y puede generar rechazo por la aparición de la asesina. Aclara Eduard Blasi, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya: «No pueden prohibir la emisión del documental o serie, pero si se interpone una demanda y un juez acaba considerando vulnerados algunos de los derechos al honor, intimidad o imagen del niño, la productora deberá pagar una indemnización por daños y perjuicios a la familia».
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