Le han bastado siete días para corregir las decisiones de la gestora, instalar un modelo presidencialista, prescindir de los barones y restar poder al comité federal
26 jun 2017 . Actualizado a las 07:57 h.En solo una semana, Pedro Sánchez ha roto moldes que han encauzado el funcionamiento del PSOE durante décadas y ha cambiado el rumbo político establecido por la gestora. Es secretario general de una comisión ejecutiva en la que no existen los contrapesos políticos que ejercían los barones y ha aligerado la tutela del comité federal. Es, en definitiva, un partido más presidencialista que el que gobernó en su primera etapa. Además, ha tomado medidas que convierten en papel mojado decisiones políticas de la dirección interina, como el no apoyo al tratado de libre comercio de la UE con Canadá y la luz verde a que declaren comisarios ante la comisión parlamentaria de investigación de la policía política.
El viraje respecto al acuerdo comercial, inesperado y mal ejecutado, han reconocido en el equipo de Sánchez, ha sumido al PSOE en su primera crisis en la nueva etapa. La abstención anunciada por el secretario general al comisario europeo Pierre Moscovici antes de que la posición fuera debatida en la reunión de la ejecutiva de hoy contribuyó a caldear los ánimos de los críticos que se atreven a dar la cara. Susana Díaz, refugiada en un segundo plano tras la derrota, encarnó el sentir de muchos socialistas al decir que no tenía «más remedio» que acatar la decisión.
El malestar no es tanto por la retirada del apoyo, ya que el tratado es un asunto controvertido para los socialistas, que se dividieron en la votación del Parlamento europeo el pasado febrero, sino por las formas de hacer las cosas sin debatir ni consultar. Por «el marchamo Sánchez», en palabras de un diputado poco afín al secretario general.
Golpe a una pieza clave
Menos ampollas levantó la luz verde a que dos ex altos mandos policiales declaren por la operación Cataluña en la comisión de investigación de la policía política, pero el cambio también ha puesto en aprietos a los portavoces socialistas en el Congreso.
El secretario general y su equipo discuten estos días qué hacer con el techo de gasto para el 2018. La gestora alcanzó un acuerdo con el PP para respaldar la cifra presupuestada para este año, pero es improbable que los socialistas sigan ese camino en su afán de diferenciarse de los populares y no dar pie a Podemos para que martillee con su tesis de la «triple alianza» de PP, PSOE y Ciudadanos.
Más clara es la fotografía del funcionamiento interno: han bastado siete días para conocer los planes de Sánchez sobre la estructura del PSOE. Todo apunta a que no quiere volver a encontrarse con una revuelta como la que condujo a su dimisión el 1 de octubre. Ya dio una pista de sus intenciones al excluir a los barones, o a sus representantes, de la dirección del partido. Toda una declaración de intenciones porque era una norma no escrita desde Felipe González que los secretarios territoriales, y en su defecto sus embajadores, tuvieran sillas en la ejecutiva de Ferraz.
Queda la duda de si esta decisión obedece a una convicción orgánica o es en realidad una vendetta por el apoyo que dieron la mayoría de ellos a Susana Díaz en las primarias. Es, de todas maneras, un tanto contradictorio abogar por la plurinacionalidad como modelo territorial y de forma simultánea establecer el centralismo en el partido. Con este desplazamiento de los barones, Sánchez liquida un modelo instaurado por González en los 90 para hacer frente al control del aparato del partido de los seguidores de Alfonso Guerra.
Además de prescindir de los líderes territoriales, Sánchez ha cepillado las facultades de otro contrapeso a su mandato, el comité federal, que tan mala vida le dio en su anterior etapa con sus cortapisas. El máximo órgano de dirección del partido entre congresos ya no podrá destituir al secretario general ni decidir sobre los pactos electorales, responsabilidades que están en manos de la militancia, que con sus votos decidirán las alianzas y la remoción del líder del partido.
