Los beneficiados de la amnistía: los políticos del «procés»,  miembros de los CDR y los altercados de Tsunami Democrátic

La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán -9-N y 1-O incluidos- abarcaría a los dirigentes del procés, a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista o a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el 'procés' en el otoño del 2019. Así consta en el texto, que acota la amnistía a un contexto temporal que comprende desde el el 1 de enero del 2012, «año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista», y este 13 de noviembre del 2023. Además del marco temporal, la propuesta delimita los delitos que serán amnistiados, y que incluyen los de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación.

Los líderes independentistas

Tal y como estaba previsto en el marco de las negociaciones de las últimas semanas para una investidura y una eventual formación de Gobierno, la proposición beneficiaría a los líderes del procés, tanto a los que ya están condenados como a los que permanecen procesados en rebeldía y huidos de la Justicia.

El texto no hace mención expresa a sus nombres, pero la medida incluiría al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación. También afectaría a los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -condenados por desórdenes públicos tras la reforma-, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn -condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal-, aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas de inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión.

Respecto a los independentistas huidos, la amnistía beneficiaría al expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, sobre los que pesa una orden nacional de detención por delitos de desobediencia y malversación.

El texto a su vez tendría impacto en el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que permanece en Suiza procesada por un delito de desobediencia tras la reforma que derogó la sedición, y contra la que también pesa orden de detención nacional. Igualmente beneficiada resultaría la ex consejera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, procesada por desobediencia.

Los encausados del Tribunal de Cuentas

La propuesta también contempla el procedimiento que se sigue contra 35 ex altos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del procés. En esta causa la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio tribunal, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 ex altos cargos del Govern.

La lista total de los 35 incluye al propio Puigdemont, Junqueras o al expresidente catalán Artur Mas. También recoge los nombres de exconsejeros condenados por el Supremo, como Romeva y Turull; exconsejeros huidos, como Comín y Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Al procedimiento sobre el 1-O y la acción exterior del Govern se suma la consulta del 9-N, lo que elevaría la responsabilidad contable hasta los casi 10 millones de euros. En 2018, el TCu condenó a Mas y a nueve miembros de su Gobierno a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros -más intereses- por la organización de la consulta independentista del 9-N.

Los CDR procesados y los disturbios de Tsunami

La norma dejaría sin juicio oral a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según la Audiencia Nacional, planearon ocupar el Parlament de Cataluña y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje. También en el seno de la Audiencia Nacional, la amnistía abarcaría a los diez investigados por los disturbios presuntamente organizados por Tsunami Democràtic tras las condenas por el 'procés' en el 2019, y que fueron desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana.

La ley explica que quedan excluidos de la amnistía únicamente «los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el capítulo VII del Título XXII del Código Penal siempre y cuando hayarecaído sentencia firme». Cabe recordar que la causa de los CDR está pendiente de juicio y la relativa a Tsunami sigue en instrucción, por lo que no ha habido fallo en ninguno de los dos casos.

La amnistía abarca «los actos de desconsideración o crítica vertidos contra las autoridades y funcionarios públicos, los entes e instituciones públicas, así como sus símbolos o emblemas, en el curso de manifestaciones, asambleas, obras o actividades artísticas u otras de similar naturaleza que tuvieran por objeto reivindicar la independencia de Cataluña o la celebración de las consultas». Incluye además «los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia u otros actos contra el orden y la paz pública que hubieran sido ejecutados con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos» del independentismo o «a los encausados o condenados por la ejecución de cualesquiera de los delitos» amnistiados.

El juez propuso juzgar a los 12 miembros de los CDR por un delito de pertenencia a organización terrorista, achacando a ocho de ellos además delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos. Todos ellos, siempre según el juez, formaban parte del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR. La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraban totalmente entregados a «la causa» para encargarles las acciones más sensibles.

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Mateo Balín

Policías, Buch y el escolta de Puigdemont

De igual forma, la ley eximiría de responsabilidad a los 45 agentes de la Policía Nacional que fueron procesados el pasado mes de enero por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona por las cargas del 1-O en la ciudad. La norma, en concreto, amnistía «las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en este artículo».

Quedarían fuera de la amnistía «los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad», así como «actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes».

El magistrado sostenía que «los responsables del operativo policial no cumplieron sus obligaciones de supervisión de la acción de los agentes bajo su responsabilidad», al tiempo que aseguraba que la «actuación policial fue claramente desproporcionada en general».

Asimismo, el texto alcanzaría a la condena de cuatro años y medio de cárcel que se impuso al exconseller de Interior Miquel Buch por designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara a Puigdemont en el extranjero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Además de la pena de prisión, también impactaría en la condena de 20 años de inhabilitación que se dictó sobre Buch por delitos de malversación y prevaricación.

La norma no solo beneficiaría al exconseller, sino a su vez al mosso que hizo de escolta del expresidente y que fue condenado a cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación por el delito de malversación.

Miembro de la sindicatura electoral

A la lista de beneficiados se suman además los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña --entre ellos la consejera de Feminismos Tània Verge-- que serán juzgados en los tribunales catalanes después de que en las últimas elecciones generales el dirigente Josep Pagès no haya revalidado el escaño por Junts en el Congreso, quien marcaba su aforo en el Supremo.

Aunque en un principio fueron absueltos por la magistrada del Juzgado Penal Número 11 de Barcelona, la Audiencia Provincial ordenó repetir el juicio al atender la reclamación de la Fiscalía de que la juez había cometido «errores graves de valoración de la prueba».

A los grandes nombres del procés se suman otros menos conocidos que también resultarían favorecidos por la amnistía. Destacan la consejera catalana de Cultura, Natàlia Garriga; el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové; y el también diputado y ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a la espera de juicio en el TSJC por los preparativos del 1-O.

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