Vox amenaza a Mañueco con romper el Gobierno de coalición si no aplica el protocolo antiaborto
SOCIEDAD
Feijoo ignora a García-Gallardo y garantiza que «ni en Castilla y León ni en ningún lugar que gobierne el PP se puede coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir su embarazo»
18 ene 2023 . Actualizado a las 11:51 h.El conflicto abierto en Castilla y León a costa del protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo que Vox pretende aplicar en la comunidad desembocó este martes en una amenaza de ruptura del Ejecutivo de coalición por parte de los de Santiago Abascal si no se ponen en marcha las medidas planteadas. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, advirtió de que si el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no cumple lo acordado, que incluye el ofrecimiento a las embarazadas de escuchar el latido del feto y una ecografía 4D, tendrán que decidir si rompen o no con el PP.
«Llegará un momento de establecer un balance del cumplimiento de los acuerdos que se llegaron antes de la investidura, y si no se cumplen tendremos que revisar ese acuerdo y revisar la opción de seguir o no en el Gobierno», afirmó Garriga, que dijo creer que en el PP «son gente de palabra» y cumplirán lo pactado. «El consejero de Sanidad emitirá la orden en las próximas horas, en los próximos días», llegó a decir, aunque Mañueco aseguró ya el pasado lunes que no se va a modificar ningún protocolo.
El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros matizó después que «revisar no es romper» y también que el protocolo de latido fetal en el primer trimestre se ofrecerá a «todas las mujeres embarazadas que lo quieran».
Pese al hartazgo por las presiones de Vox, el PP no se plantea acabar con la coalición en Castilla y León. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, se pronunció este martes por primera vez sobre el conflicto y trató de zanjarlo asegurando que se trata de una «falsa polémica». Tachó de «gaseoso» el requerimiento del Ejecutivo a la Junta de Castilla y León por referirse a «supuestos de noticia y comentarios en una rueda de prensa» cuando Fernández Mañueco ha dicho ya que no hay «ninguna modificación» en lo que se refiere al aborto.
«Ni en Castilla y León ni en ningún lugar que gobierne al PP se puede coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir su embarazo cuando está en los supuestos que la ley señala», recalcó Feijoo, que despreció los anuncios del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, precisando que en una autonomía «quien manda» es el presidente y lo demás son «comentarios de tertulia».
Sánchez justifica la actuación
Feijoo cargó contra Pedro Sánchez y calificó de «lamentable» que se apruebe un requerimiento «en base a un acto o una resolución que no se ha producido». «Estamos ante un burdo intento de manipulación», concluyó.
Mañueco calificó también de «propaganda sobreactuada» la reacción del Gobierno. En una carta remitida al jefe del Ejecutivo, acusa a Sánchez de «combatir con inusitada dureza un conflicto irreal», en vez de «afrontar los problemas reales de la ciudadanía». Mañueco insiste en que «no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo» y en que «no se obligará a nada ni a los facultativos ni a las mujeres».
Pero Sánchez, en una conversación informal con la prensa en el Foro Económico Mundial de Davos, justificó la actuación del Gobierno diciendo que Fernández Mañueco no está siendo claro y que no se trata de que el protocolo sea voluntario u obligatorio, sino de que lo anunciado vulnera una ley estatal como la que regula la interrupción voluntaria del embarazo.
El Ejecutivo da el primer paso para plantear un conflicto de competencias ante el Constitucional
El Gobierno dio este martes un paso más y aprobó en el Consejo de Ministros un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Se trata del paso previo a iniciar acciones ante el Tribunal Constitucional. En el acuerdo, el Ejecutivo se dirige al Gobierno autonómico de Castilla y León para que «se abstenga» de adoptar «cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo».
El Gobierno regional tiene ahora un mes para contestar. En caso de no responder, el requerimiento podrá trasladarse al Tribunal Constitucional para plantear un conflicto de competencias. La sola admisión de este conflicto supondría la suspensión inmediata durante seis meses de la norma recurrida hasta que se pronuncie el tribunal. El Gobierno toma este acuerdo a pesar de que no existe por el momento un protocolo oficial aprobado por la Junta de Castilla y León, ya que ese acuerdo con las medidas a adoptar solo se presentó en una nota de prensa el pasado jueves y fue anunciado por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo.
El Consejo de Ministros adoptó este acuerdo de incompetencia dos días después de realizar un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, advirtió de que, en caso de que la Junta de Castilla y León no responda a este nuevo requerimiento, el Gobierno iniciará «acciones ante el Tribunal Constitucional en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres». La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, aseguró también que el Ejecutivo no va a permitir la «tropelía» de la junta de Castilla y León.
El pacto de gobierno en Castilla y León no habla de medidas sobre el aborto, sino de apoyo a las familias y natalidad
La literalidad de los acuerdos entre el PP y Vox para gobernar en Castilla y León no habla expresamente de medidas para prevenir abortos, sino de apoyo a las familias y fomento de la natalidad. Lo mismo ocurre con el comunicado de prensa de la Consejería de Sanidad, dirigida por el PP, y al que ahora se remite Vox para remarcar que tenían un acuerdo. El pacto solo introduce dos «acciones».
1.- «Impulsaremos una política de apoyo a las familias, como institución básica de la sociedad y pilar del Estado del bienestar». 2.- «Apoyaremos la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos, y fortaleceremos la conciliación de la vida laboral, social y personal».
El comunicado de prensa de la Consejería de Sanidad que abrió la polémica habla de garantizar asistencia psicológica a la madre gestante, de implantar un protocolo de latido fetal en el primer trimestre y una primera ecografía entre la semana 6 y 9 del embarazo y una ecografía en 4D durante el seguimiento de ese embarazo. Además, habla de respetar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que participen en la interrupción voluntaria del embarazo.