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La Mesa de la Sequía fijará en qué áreas actuará antes para paliar la falta de agua

Maria Cedrón REDACCIÓN

SOSTENIBILIDAD

MORELL | EFE

La reserva hídrica española está al 50,7 % y amenaza la producción agrícola

19 abr 2023 . Actualizado a las 09:33 h.

El campo español está en una «situación agónica». La causa, como llevan tiempo denunciando las organizaciones agrarias, es una sequía «histórica» que se arrastra en el sector primario desde el año pasado y que podría acabar afectando a la soberanía alimentaria, a la inflación de los alimentos y, como consecuencia, al modo de consumir productos propios de las dietas mediterránea o atlántica. La escasez de agua no solo se refleja en que la reserva hídrica española está, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Transición Ecológica, al 50,7% de su capacidad total en pleno mes de abril, sino también en que el valor medio de las lluvias acumuladas desde el pasado 1 de octubre (inicio del año hidrológico) hasta el pasado 11 de abril es de 334 litros por metro cuadrado, en torno a un 21 % menos del valor normal de dicho período (425 litros por metros cuadrado).

 
El problema será abordado en la Mesa de la Sequía que se celebra hoy, un encuentro en el que estarán representantes de los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica, las comunidades autónomas, cooperativas agroalimentarias de España, organizaciones agrarias como Asaja, UPA y COAG, además de la Federación Nacional de Regantes (Fenacore). Durante el encuentro, como adelantó el titular de Agricultura, Luis Planas, tras el Consejo de Ministros de ayer, tratarán de recabarse los datos técnicos necesarios para hacer un diagnóstico global de lo que está pasando en España y, de ese modo, «priorizar las zonas y sectores donde actuar en función de cómo estén afectados por la sequía». Este diagnóstico, dijo Planas, es «previo a cualquier decisión que podamos adoptar», pero, no obstante, se darán respuestas a corto plazo en función de lo que resulte de la reunión.

Lo que está claro es que las demandas de cada comunidad son muy diferentes, algo de lo que también son un buen indicador los datos de ocupación de los embalses difundidos ayer. Mientras la mayor reserva de agua está en la demarcación Galicia-Costa, donde los pantanos están al 84,6 % de su capacidad; seguida del Cantábrico Oriental, con un 83,6 %; o las Cuencas internas del País Vasco, con un 81 %; en el Gualdalquivir están al 25,2 % de su capacidad; en las cuencas internas de Cataluña, al 26,1 %; en Guadalete-Barbate, al 28,4%, o en el Guadiana, al 34 %.

Por tanto, cada comunidad acude hoy a la reunión con una batería de demandas bien diferente. El Gobierno de Andalucía, que ya ha avanzado la aprobación de un tercer decreto contra la sequía que contará con un presupuesto de 163 millones de euros, tiene previsto pedir otro plan para las cuencas dependientes del Estado. La emergencia que se vive en la comunidad no es para menos, como repiten desde el sector. De hecho, desde COAG Andalucía han comentado que no hay agua suficiente para cultivar arroz o para garantizar la supervivencia de árboles que van desde los olivos a los almendros.

Castilla-La Mancha parece que tiene previsto demandar al Gobierno que pida permiso a la Comisión Europea para destinar fondos de desarrollo rural a ayudar a los agricultores dedicados al cereal. Murcia reclamará al Ejecutivo que ejecute medidas excepcionales cuanto antes e incluso Cantabria, según Efe, tiene previsto hacer hincapié en la menor pluviometría registrada en la Cornisa cantábrica y que está afectando al forraje del ganado.

Galicia, que estará representada por la Consellería do Medio Rural, aprovechará para poner sobre la mesa el reparto de fondos para mejora del regadío, poniendo el foco en A Limia.

Justo ayer, Luis Planas, presentó el informe en donde se recoge el plan de inversiones para hacer más sostenible el regadío, dotado con 2.130 millones de euros hasta el 2027. El objetivo es ahorrar un mínimo del 10 % del agua consumida con este modelo de agricultura. De los 2.130 millones, 1.255 millones se aportarán con cargo al fondo de recuperación y resiliencia, y otros 875 millones a los Presupuestos Generales del Estado. Estos fondos se suman a los 5.000 millones propuestos por Transición Ecológica para este fin y al Perte agroalimentario de unos 200 millones.