Flota de altura y comercializadores piden el fin de las banderas de conveniencia

Los consejos consultivos de Larga Distancia y de Mercados y Acuicultura han coincidido en una cosa: que a pesar de todos los esfuerzos de la Unión Europea (UE) por poner coto a las banderas de conveniencia con su política e tolerancia cero hacia la pesca ilegal, todavía subsisten vacíos legales que hacen posible que ese tipo de embarcaciones sigan pescando y blanqueando capturas ilegales, no reguladas y no reglamentadas, poniendo en peligro la sostenibilidad de los stocks y, de paso, la supervivencia económica de otras muchas empresas. Y como ambos organismos coinciden, han elaborado un dictamen conjunto ofreciendo recomendaciones sobre cómo taponar esas lagunas que permiten burlar la mano dura de Bruselas y, de paso, evitar sanciones con continuos cambios de bandera.

No se refieren a poner coto a mudas de pabellón así en general. Iván López, presidente del Consejo Consultivo de Larga Distancia, explica que las operaciones de flag hopping -continuos cambios de bandera- están permitidos y, en ocasiones, son incluso necesarios para aquellos barcos que operan en aguas de distintos países con licencias privadas que tienen que ir cambiando cuando entran en un caladero u otro. Pero caso distinto es el de buques que enarbolan la bandera de países que no ejercen un control efectivo sobre su flota, que son laxos a la hora de aplicar las normativas, que no son parte contratante de las organizaciones regionales de pesca (ORP) o lo que es peor, que «obstaculizan los esfuerzos de identificación y sanción de los beneficiarios últimos de las actividades de pesca ilegal y les facilitan una vía de escape fácil, de forma que pueden cambiar frecuentemente de pabellón y generar confusión en torno a su identidad y propiedad». 

Contundencia

Contra eso, la flota de larga distancia y los comercializadores europeos plantean, primero, empezar por casa y azuzan a la UE para que haga cumplir la obligación que tienen los Estados miembros de castigar adecuadamente a sus nacionales que se beneficien de la pesca ilegal, independientemente de la bandera bajo la que operen. Y, de paso, que registren correctamente dónde han abanderado sus armadores los buques y vigile con lupa a quienes los tengan en jurisdicciones sospechosas o con alguna de las tarjetas que impone la UE. La información sobre la propiedad efectiva debería ser de acceso público, al menos en aquellos casos en los que haya riesgo de que oculten actividades de pesca ilegal, corrupción o blanqueo de capitales.

Eso, en casa. Ya fuera, convendría actuar para evitar la tentación de algunos países de facilitar banderas de conveniencia, ayudándolos a cumplir con la obligaciones internacionales; presentar propuestas ambiciosas en el seno de las ORP para incrementar la transparencia en cuanto a la propiedad efectiva; promover en terceros países la adopción de medidas para prohibir los transbordos en el mar, que suelen estar vinculados a operaciones de pesca ilegal; involucrar más a la Interpol en investigaciones que suelen llevar asociadas blanqueo de capitales e incentivar a que terceros países adopten el sistema que aplica la UE a sus armadores que exportan buques o cambian de bandera o se adhieran al acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del Puerto y se den de alta en su registro mundial de buques.

Mirar con lupa el producto -tanto en bruto como procesado- que entra de Estados que no han ratificado algún tratado es otra de las recomendaciones. Asimismo, conminan a la UE a trabajar con otros mercados principales, como Estados Unidos o Japón, para instarles a adoptar medidas relativas al comercio similares a las comunitarias.

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