Teresa Ribera: «La reactivación de la central de As Pontes es una decisión comercial que genera desconcierto»

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera Rodríguez (Madrid, 1969), estuvo el jueves en Galicia por primera vez. Esta jurista y profesora universitaria abandera la lucha contra el cambio climático en España y, por tanto, el viraje de modelo hacia una economía libre de emisiones contaminantes.

—Ence tendrá que dejar la ría de Pontevedra, pero dice que no puede trasladarse a otro lugar de la comunidad. ¿Hay sitio en Galicia para Ence si no es en la ría de Pontevedra?

—Sí. Para acompañar un traslado de estas características, es más fácil poder disponer de recursos en alguno de los emplazamientos donde estaban las térmicas de carbón, As Pontes o Cerceda, que requieren de alternativas industriales y que cuentan con capacidad de financiación con fondos para la transición justa. Pero nos parece que tenemos que respetar las competencias y hacerlo con un diálogo tanto con la empresa, que es la que tomará la decisión, como con los trabajadores, que nos pidieron que nos implicáramos, aunque no era una competencia nuestra.

—Así que el traslado podría ser o a la zona de Ferrolterra o a Cerceda.

—Estas serían nuestras primeras recomendaciones por facilidad de suelo y de recursos financieros. El cierre de As Pontes y el de Meirama representa que hay un suelo destinado a actividad industrial que queda vacío y hay una capacidad de acogida y de servicios, así como unos recursos asociados a la transición justa que están disponibles. Pero somos cuidadosos con esto porque sabemos que no son decisiones que se puedan imponer a nadie.

—Al hilo de Ence, ¿se va a aplicar de forma retroactiva la modificación del reglamento de Costas que limita la duración de las concesiones a 75 años? ¿Deben temer algo las industrias del mar que se han beneficiado de una prórroga?

—No y no. La Ley de Cambio Climático ya lo establece así. Una concesión vigente no se ve afectada por esta regulación. Lo que estamos haciendo, también a petición de la Comisión Europea, es ofrecer claridad sobre la aplicación de la Ley de Patrimonio del 2003: ninguna concesión de dominio público puede durar más de 75 años, esto se aplica sobre las nuevas concesiones y no significa que, transcurrido ese plazo, no se pueda solicitar una nueva. Lo que deja de ocurrir es que eso sea automático, como ya estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia que anula una muy buena parte de la Ley de Costas de Arias Cañete. Así que no hay ninguna cuestión abierta sobre las concesiones existentes, cuando se agoten, se puede solicitar una nueva. Hay actividades como la acuicultura a las que les alargamos casi de forma automática las concesiones que hoy están limitadas a un número de años inferior. 

—¿Tendrán la garantía los pescadores de que no se instalarán parques eólicos marinos allí donde faenan y extraen alimentos sanos y saludables?

—Sanos y saludables, está muy bien. Los pescadores tendrán la garantía de que todas sus precauciones y cautelas quedarán reflejadas en las decisiones finales. Pensemos que las cinco demarcaciones incluidas en los borradores de los planes de ordenación del espacio marítimo han salido a información pública después de un proceso muy intenso de análisis de las distintas actividades que se desarrollan en el mar. Con carácter general, esa primera zonificación ya había incluido las preocupaciones sobre los bancos pesqueros y otras actividades. Y, en la medida en que por razones físicas, de profundidad, estamos abocados a desplegar aprovechamientos eólicos marinos sobre tecnologías flotantes, eso permite una cierta flexibilidad que garantiza que, si hay algún tipo de duda, la posición no es fija y se puede cambiar. Agradecemos que algunas comunidades autónomas hayan constituido observatorios para hacer un análisis previo y un seguimiento de los proyectos. Creemos que es clave trabajar sobre el terreno, escuchar a la gente directamente y entender dónde puede estar lo que puede ser una preocupación porque algo no se ha entendido bien, que se puede clarificar y mejorar. En estos momentos estamos valorando las alegaciones y cuando tengamos las primeras conclusiones volveremos a hablar con todos los actores.

—El jueves fue su primera visita a Galicia y durante su encuentro con el presidente Feijoo invitó a Alcoa a obtener energía más barata suscribiendo acuerdos de suministro de electricidad con instalaciones renovables existentes en otras comunidades, en lugar de cerrar contratos con promotoras de parques eólicos en Galicia que no están ni autorizados.

—Una de las oportunidades más interesantes y que irá creciendo es que los propios industriales colaboren en el desarrollo de las energías renovables gracias a la firma de contratos a medio y largo plazo a precio fijo (PPA). Esta es una alternativa que también es interesante para los desarrolladores de energías renovables porque es un mecanismo para financiar y ofrecer un producto que cuente con coberturas financieras y avales como los que ofrece el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (Fergei), que queremos que se generalice. De hecho, vamos a proponer que el Banco Europeo de Inversiones establezca un sistema de cobertura parecido porque nosotros vamos por delante, pero toda Europa va a estar en una situación parecida. Es primario pensar que solamente se puede producir a partir de un parque en concreto y de unos electrones concretos. Es obvio que con ese recurso financiero la compañía desarrolladora podrá construir nuevos parques, pero lo que importa es la electricidad que vende, no que sea justo de la planta que está pegada a la industria a la que suministra. Técnicamente, puede vender la electricidad fotovoltaica que está produciendo en Almería. Es verdad que muchas empresas podrán decir que no tienen cartera suficiente, pero entonces el problema es otro. Eso no puede ser un argumento de presión para decir ‘yo solamente vendo si usted me lo autoriza todo'. Esos proveedores de energía renovable, en realidad, pueden ofertar energía disponible hoy y, de hecho, sería un argumento a favor de algo que siempre le hemos trasladado a Alcoa, que es ‘oiga, está muy bien que usted pida energía a precio estable y predecible, entonces ¿por qué no firma un contrato de suministro?'. En cualquier caso, el aluminio primario es una pieza fundamental de nuestra industria y es capital que haya una producción de proximidad y que no dependamos de terceros países. Y en esta operación, la negociación con Alcoa no ha sido nada fácil, todo el mundo lo sabe.

—Es decir, que Alcoa no ha contratado antes energía más barata porque no ha querido.

—Eso habrá que preguntárselo a Alcoa. Nosotros se lo preguntamos desde el principio, desde que iniciamos las conversaciones con la empresa. Cuando nos trasladaban que su problema era el precio de la electricidad, le decíamos: «Oiga, usted es un cliente de tal tamaño que está en condiciones de buscar precios razonables con proveedores distintos, entonces, ¿cuál es el problema? Y, de hecho, va a contar con el aval del Estado, con el Fergei, con ese fondo que estaba ya respaldando la contratación bilateral entre industria y desarrolladores y que nos ha convertido en el primer país del mundo en firmar PPA en los dos últimos años. No me puede decir que esto no lo podía hacer porque sí lo podía hacer.

—Por tanto, el problema de Alcoa no es el precio de la electricidad.

—En este momento sí hay una coyuntura de precios de la electricidad altos. Pero en este caso quizá hay muchas cosas que no conocemos en detalle, por tanto sería un poco osado por mi parte opinar al respecto. Lo que no creo es que esté justificado usar solo el argumento del precio de la electricidad, sobre todo en estos momentos en que el aluminio es muy demandado en el mercado europeo. En todo caso, hay un acuerdo con los trabajadores y no somos quién para intervenir.

—Además de Alcoa, hay otras industrias que están parando la producción porque no pueden hacer frente al elevado coste eléctrico. ¿Es este el precio que hay que pagar para avanzar en la transición energética? ¿Hay que prepararse para más cierres de empresas o parones de la producción?

—Rotundamente, no. Es el precio que hay que pagar por depender de combustibles con precios volátiles en mercados internacionales. Y, evidentemente, si la electricidad en Europa depende del precio al que le compramos el gas a Rusia, principal proveedor del continente, pues tenemos un problema serio, porque no controlamos las variables más importantes que inciden en el precio del gas y en el diseño regulatorio del mercado eléctrico europeo, que sobredimensiona el efecto de ese coste alto del gas. Por eso, es muy importante buscar fórmulas para ver cómo evolucionar la regulación del mercado eléctrico y cómo depender cada vez menos de él. De ahí que el recurso a la contratación bilateral sea tan importante para conseguir un precio más barato. Es algo que merece toda la atención por parte de las autoridades económicas europeas. Lo peor que podemos hacer es esperar a que escampe. Yo confío en que escampe dentro de poco tiempo, pero sí sé que la situación de precios energéticos que está viviendo Europa depende de Rusia y al mismo tiempo veo que Rusia está enfrascada en otra batalla diplomática muy importante que es la frontera con Ucrania. Es un horizonte al que hay que prestar mucha atención y que nos obliga a activar todas las herramientas de las que disponemos a nivel nacional. Es lo que hemos hecho con las coberturas a las familias y también acelerando la transición. Cuanto más deprisa vayamos y cuanta menor sea nuestra dependencia, menor riesgo tendremos. Yo creo que es muy significativo que Mario Draghi, que es toda una referencia económica y financiera, esté dando mensajes cada vez más contundentes con respecto hacia dónde va ese diferencial de precios energéticos y qué representa para el conjunto de la economía europea tanto industrial como familiar. Porque a lo mejor hay parte de ese diferencial que va a las eléctricas, pero estoy segura de que mucha parte va a Rusia y a intermediarios financieros, es decir, ¿quién está beneficiándose de ese sobrecoste generalizado de la energía en Europa? No necesariamente los europeos, ni las familias ni la economía productiva. Vamos a ver qué significa todo esto.

—Han aplazado las rebajas fiscales en la factura hasta abril, pero ¿habrá más medidas para aliviar el incremento de precios?

—La próxima semana saldrá a información pública un incremento de la cobertura a los consumidores vulnerables con bono social. Lo que más nos preocupa son las familias que se ven en una situación difícil, que han estado en ERTE, y que sobre eso, de repente, un coste fundamental para el bienestar en sus hogares, como es el calor o la electricidad, se ve incrementado por culpa de estas tensiones. Así que estamos ampliando al máximo las coberturas. Sobre la extensión de las medidas fiscales hay que ir paso a paso e ir viendo cómo va evolucionando la posición de Europa. Porque esto iban a ser tres meses, pero vamos para un año. Nuestro apoyo va a estar ahí, las familias van a ser lo primero. El compromiso del presidente del Gobierno con esto es contundente, pero al mismo tiempo vamos a mantener la presión para encontrar soluciones estructurales de fondo.

—¿Se plantean incrementar los límites de renta para acceder a esos descuentos del bono social?

—La referencia es el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), que se acaba de actualizar. Vamos a hacer otra cosa que nos parece muy importante. El cálculo de renta por hogar computa a menores y a mayores dependientes y creemos que debe incluir a todas las personas que vivan en el mismo hogar. Esto ampliará la base de la cobertura. Tenemos prorrogada no solo la rebaja fiscal, también la cantidad de energía que está subvencionada por las compañías. También hemos incrementado la dotación para el bono social térmico. Al mismo tiempo, estamos trabajando para que la renovación del bono sea automática. Porque los indicadores de pobreza oculta revelan que las personas que están en una situación más dramática normalmente se encuentran con más dificultades para poder ejercer sus derechos y, por tanto, queremos asegurar que acceden a todos esos beneficios, para lo que necesitan una intermediación de proximidad muy clara que deben ofrecer personas de las que se fían. Y en eso estamos trabajando con otros compañeros del Gobierno y también con los servicios sociales y las organizaciones del tercer sector.

—¿Qué va a pasar con las familias numerosas? A ellas no se les aplican los criterios de renta para acceder al bono social.

—Se quedan. Es delicado establecer un nivel de renta y, salvo que tuviéramos un criterio muy claro que no fuera injusto, no lo vamos a tocar.

—La tarifa regulada, que tienen contratada once millones de hogares, está directamente vinculada al mercado mayorista de electricidad. Había anunciado que cambiaría esa referencia. ¿Lo va a hacer?

—La Comisión Europea autorizó al Gobierno de Rajoy a establecer esa tarifa abierta a todos los consumidores, no solo a los vulnerables, porque estaba indexada al mercado y, por tanto, no había ningún tipo de intervención. La Comisión nos dice que, si la vamos a cambiar, lo tiene que autorizar porque nos permite una tarifa regulada para vulnerables no para todos. Por otra parte, las organizaciones de consumidores prefieren aguantar la situación tal y como está a modificar esa tarifa. Tenemos que ver. A nosotros nos preocupa que si esta situación dura mucho tiempo a un volumen importante de hogares no les quedará más alternativa que ir a otro tipo de tarifas, que es legítimo, pero tiene poco sentido que esta sea la tarifa regulada que ofrece el regulador. Tenemos que ver qué mecanismos se pueden introducir para no tener esta dependencia tan alta de un precio tan volátil.

—Endesa ha reactivado la central de carbón de As Pontes, de las pocas que quedan activas en España, ¿el cierre de casi todo el parque de carbón fue precipitado?

—Primero, no fue precipitado. Segundo, fueron decisiones empresariales. Como lo es la reactivación de As Pontes. Se trata de una decisión comercial, a la empresa le compensa al precio al que está la electricidad. Pero es algo coyuntural. En todo caso, genera un gran desconcierto, no es compatible con la financiación de los fondos de transición justa si la situación perdura en el tiempo. Y así es muy complicado tejer una realidad económica e industrial alternativa, distrae recursos y tiempo. Quizá a la empresa propietaria de la central le viene bien, pero con respecto al interés general de los trabajadores y de los vecinos o de la construcción de alternativas nos retrasa. En todo caso, no me parece nada preocupante ni significativo, creo que se explica muy bien por una coyuntura extraordinaria y creo que no nos debe distraer del objetivo de construir alternativas para estas zonas con la mayor antelación posible. Pero así como este fenómeno ha sido muy puntual en España, en otros países ha sido más importante y esto genera alarma sobre la velocidad de la transición. No se trata de que en el 2045 ya esté resuelto todo de golpe, las cosas se van construyendo cada día y, o vamos haciéndolo al ritmo que se requiere, o será difícil gestionarlo sin conflictos.

—Definitivamente, ¿se construirán centrales nucleares en España?

—Totalmente descartado. Nadie ha planteado un renacer de nuevas instalaciones nucleares, nadie tiene interés, porque los tiempos de madurez y el coste financiero superan con creces los riesgos y los costes de apostar por lo que sí se entiende ya que es la solución energética para España, que es renovables con almacenamiento. En gas, la infraestructura en España es tan amplia que en realidad nadie se plantea tampoco nuevas infraestructuras de gas. 

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