La Xunta realiza un estrecho seguimiento del proceso de venta de las minas de San Finx
SOMOS MAR
Tras reunirse con Sacyr, representantes de la Administración gallega mantendrán un encuentro con Rafaella Resources
21 ene 2022 . Actualizado a las 04:45 h.Los contactos entre la Xunta y la empresa Sacyr, hasta ahora propietaria de las minas de San Finx, en Lousame, se han intensificado a raíz del anuncio de la venta de la explotación a la firma con capital australiano Rafaella Resources. Dentro del contexto de seguimiento permanente, ayer se celebró una reunión en la que participó representación de la constructora madrileña y la directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de la Xunta, Paula Uría.
En el transcurso del encuentro, por parte de la Administración gallega se reiteró la necesidad de establecer como prioridad máxima que «se cumpra coas garantías urbanísticas, ambientais e técnicas esixidas pola lexislación vixente, dentro dun modelo de minaría sostible e respectuoso», informaron fuentes de la Xunta.
Asimismo, indicaron que, administrativamente, aún no han recibido ninguna comunicación sobre la operación de venta de la mina, pero advierten: «A nova empresa propietaria de Tungsteen San Finx deberá demostrar a súa solvencia técnica e financeira». Con el fin de aclarar el proceso, la Xunta ha informado de que próximamente celebrará una reunión con Rafaella Resources.
Preguntas del BNG
Sobre el mismo proceso, el BNG ha registrado una batería de nuevas preguntas en el Parlamento de Galicia, a cargo de la diputada barbanzana Rosana Pérez. Los nacionalistas piden una valoración del Gobierno gallego sobre el cambio de titularidad. Preguntan, asimismo, por los motivos que, a su juicio, llevaron al ejecutivo a cambiar de posición sobre los estudios de impacto, ante los que votaron en contra en una propuesta del propio BNG en el mes de diciembre.
También se interesan por conocer si en la reunión que conselleiros y autoridades locales de los municipios limítrofes mantuvieron recientemente, se dio cuenta de los reparos técnicos sobre el estado de la explotación. Y por último, preguntan si el Gobierno de la Xunta tiene previsto establecer garantías legales y avales económicos para que la empresa haga frente a potenciales incumplimientos medioambientales.