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La Xunta llegará a los tribunales si la UE veta 94 áreas a la pesca de fondo

Emma Araújo SANTIAGO / LA VOZ

SOMOS MAR

PACO RODRÍGUEZ

Galicia agita un frente común contra la decisión de la Comisión Europea

02 jul 2022 . Actualizado a las 04:45 h.

Galicia está dispuesta a sentar en el banquillo a la Comisión Europea, al Consejo Europeo o a quienquiera que haga falta si Bruselas consuma el veto a la pesca de fondo de 94 áreas a lo largo del borde de la plataforma continental desde el golfo de Cádiz hasta Glasgow. Esa amenaza, de la que se desconocen fechas y plazos, ha movilizado al sector y a la Consellería do Mar, que ayer reunía en Santiago a representantes de distintos colectivos pesqueros, técnicos y a la propia conselleira, Rosa Quintana, que anunció un frente común, desde varios flancos, para impedir que ese veto, que califica de «despropósito», se llegue a materializar. El judicial es solo uno de ellos.

Mar está analizando el acuerdo alcanzado en el seno de la UE —sin mayoría cualificada— y hará un seguimiento exhaustivo de los pasos que dé el Ejecutivo comunitario para su posible entrada en vigor mientras examina las posibilidades de actuar en los tribunales. Aunque en el fondo, dadas las anomalías del proceso, Quintana confía en que la Comisión Europea rectifique e inicie una nueva consulta, «seria e rigorosa», entre todas las partes implicadas.

«Temos acreditado que as artes de pesca que traballan nesas zonas non teñen producido ningún dano e que moitas das especies vulnerables que di a Comisión que hai non existen nesas zonas», afirmó la conselleira, que lanzó el mensaje de que este frente que lanzan —y al que pretende incorporar a otras comunidades autónomas y regiones pesqueras europeas— «non se vai pechar ata que a Comisión tome a decisión de paralizar esta proposta». Porque, subrayó, los primeros interesados en mantener el ecosistema y los stocks pesqueros en buen estado son los pescadores.

Para valorar la trascendencia de la medida que quiere imponer Bruselas y que cosechó en el Consejo el voto en contra de España e Irlanda, Quintana señaló que el impacto económico que supondría, solo en la pesca artesana provocaría la pérdida de al menos un millar de puestos de trabajo y pérdidas de 290 millones.

Contundencia

Además de los representantes del sector, en el encuentro participaron técnicos del Centro de Innovación de Estudios Jurídicos Marítimos y Pesqueros (MarInnleg) y el Instituto de Estudos Europeos Salvador de Madariaga, especializados ambos en legislación pesquera comunitaria, y que se encargarán de analizar cómo actuar por la vía jurídica llegado el caso: «Todas as medidas que nos comenten que hai que adoptar, as faremos», anunció Quintana de forma contundente.

Tras la reunión, Torcuato Teixeira, secretario de Pescagalicia y miembro del Consello Galego de Pesca, calificó la propuesta de la Comisión como un «atropelo á flota que non supón ningún beneficio para a biodiversidade», además de considerar que la medida «é un o postureo máis a costa do sector pesqueiro que non ten nada que ver coa economía real».

El presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo, Iván López, alertó de que la medida podría afectar a nueve de cada diez barcos que operan en Gran Sol, que pueden sufrir las consecuencias de una «decisión mal tomada».

El error de cálculo científico con la merluza sirve de argumento contra las restricciones

La propuesta de la Comisión de Pesca está en fase inicial, por lo que, hasta que se materialice en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) no se podrán emprender las reclamaciones jurídicas en las que ya está trabajando la Consellería do Mar. Mientras tanto, la hoja de ruta de la Xunta pasa por promover una declaración institucional, un manifiesto, que sume apoyos al sector, establecer contactos con todas las comunidades autónomas que tienen costa, y que por tanto están afectadas con esta propuesta, y explicar a los eurodiputados, con informes técnicos en la mano, la situación de estos caladeros y la razón por la cual no es necesario este recorte «co fin de que entendan a situación que se está a vivir, e para que cando teñan que tomar», apuntó Quintana.

Como ejemplo de los criterios erróneos para regular cuotas, la conselleira se refirió a la reciente sugerencia de los científicos del ICES (Consejo Internacional par la Explotación del Mar) de incrementar un 70 % las cuotas de captura de merluza, una medida que el sector gallego reclamaba desde hace años pero que fue desatendida, un rechazo que «puido levarse por diante a moitos armadores se decidiran abandonar a súa actividade por non ser esta rendible». Con este acuerdo, la conselleira ve demostrado que «ás veces, as decisións que se toman se intentan xustificar con argumentos científicos que non sempre están ben».