Muestra cautela ante la creciente presión para que demande «sí o sí» ante el Tribunal de la UE
22 sep 2022 . Actualizado a las 04:45 h.España no recurrirá las 87 vedas aprobadas por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con la inmediatez que reclama el sector. Y no solo el sector: sindicatos, comunidades autónomas afectadas, grupos políticos, otros eslabones de la cadena mar-industria... Pero no descarta el pleito. Es solo que prefiere no precipitarse y, de ir «sí o sí» por la vía judicial, como reclaman al unísono profesionales y Gobiernos autonómicos, hacerlo sobre seguro.
Por eso, según trasladó la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ayer a los afectados —y después plasmó en un comunicado— se demandará «una evaluación muy concreta y precisa desde el punto de vista jurídico» tanto por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como por el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que «arroje las suficientes garantías» para poder tumbar en el tribunal europeo una decisión que, así a vuela pluma, perjudica a un millar de barcos comunitarios, de los que 500 serían españoles y 207 gallegos. Esos son al menos los cálculos de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EFBA, por sus siglas en inglés), la patronal pesquera Cepesca y la Consellería do Mar, respectivamente.
Villauriz no ocultó las complicaciones que existen. La decisión, formalmente, estaría bien adoptada. El reglamento que regula la pesca de especies en aguas profundas, aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo, ya facultaba a la Comisión para adoptar actos de ejecución y limitar el acceso a las zonas en las que hubiese especies vulnerables. Pero hasta ahí llega la falta de tacha de una decisión que no calibra las consecuencias de la expulsión de cientos de barcos de 16.419 kilómetros cuadrados en los que llevan decenios largando aparejos. Y sin que, como parece, hayan desaparecido los corales, las esponjas y otras especies que componen esos hábitats vulnerables.
Bazas judiciales
Para empezar, como quedó patente en la reunión, la decisión no ha ido precedida «de una recomendación científica elaborada con los datos más recientes disponibles», como exige ese reglamento en el que la Comisión ha buscado carta blanca.
Como tampoco está sustentada en una «valoración adecuada del impacto socioeconómico asociado» a la medida, una cuestión básica en el funcionamiento de la política pesquera común.
E incluso subsisten dudas legales sobre si la Comisión no se habrá extralimitado al utilizar la capacidad que tenía con ese acto de ejecución. Porque al trazar las 87 zonas en las que sabía que había especies vulnerables, en las que suponía que podría haber, e incluir áreas de amortiguación por si se quedaba corta, metió otras en las que no se llegan a los 400 metros de profundidad. Por tanto, no estarían amparadas por el reglamento que le ha otorgado el poder legal de actuar al Ejecutivo comunitario unilateralmente y se podría faenar en ellas.
Aún con todos esos argumentos, Pesca prefiere la cautela y, en tanto no tenga el pronunciamiento de sus asesores jurídicos, ir preparándose para lo peor: que a partir del 10 de octubre no se pueda trabajar en esas áreas. Mientras, estudiará con las asociaciones pesqueras el impacto económico que cada una de las vedas tiene sobre cada segmento de flota, ya que no lo ha hecho la propia Comisión.
Además, como ya había anunciado, España ha solicitado que la actuación del Ejecutivo comunitario se incluya en el orden del día del Consejo de Ministros de Pesca del próximo lunes, donde el español Luis Planas urgirá a la Bruselas «a actuar con toda presteza para que el nuevo dictamen científico, con información más actualizada que el ICES debe lanzar en noviembre, se emita cuanto antes» y, de esta forma, se puedan reducir y corregir las zonas.
Consienten la cautela
Sector y comunidades autónomas han comprado esa cautela a la secretaria general, por más que saben que ya se va contra reloj. Mejor ir sobre seguro. Pero insisten en que España debe presentar el recurso «sí o sí», porque «no se puede dejar a un comisario que haga lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana», apunta Juan Carlos Corrás, de la coruñesa Pescagalicia-Arpega-Obarco.
También la patronal pesquera española Cepesca agradeció al ministerio y a las comunidades autónomas su disposición a colaborar para minimizar el impacto o evitar el cierre de 87 áreas de pesca tradicionales. Por su parte, su determinación de actuar vía judicial contra esta «chapuza técnica y legal» sigue en pie. Y confía en que el Gobierno español acabe presentando recurso y solicite la suspensión cautelar dentro de los 60 días que tiene de plazo para frenar una medida «que tendría consecuencias devastadoras para la flota pesquera, los profesionales, toda su cadena de valor y los consumidores». Iván López, presidente de EFBA, apunta que interponiendo la demanda el Gobierno estaría ejerciendo «su legítimo derecho en tanto que Estado miembro, como pueden hacer los otros afectados: Irlanda, Francia y Portugal», alentó.
También la Xunta dio un voto de confianza a esa cautela que lleva al Estado a explorar a fondo y con rigurosidad ese camino judicial. Pero, como recalcó el director xeral de Pesca, Antonio Basanta, espera que se «atenda esa voz unánime en favor de acudir aos tribunais que manifestaron o sector e as comunidades autónomas». Quizás Galicia con un tono más alto. Por lo que tiene en juego.
