La flota denuncia a la Comisión por el veto a la pesca de fondo en caladeros históricos
PESCA Y MARISQUEO
Xunta y sector gallego piden al Estado que también recurra el cierre de 87 áreas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
21 sep 2022 . Actualizado a las 04:45 h.A toda máquina, en plena cuenta atrás para la expulsión el 9 de octubre de cientos de barcos de 87 áreas de los cantiles de España, Portugal, Francia e Irlanda, la flota gallega, española y comunitaria apura trámites para denunciar a la Comisión Europea. Por los «devastadores» perjuicios que le causaría quedarse sin caladeros históricos, más los daños colaterales por el desplazamiento de barcos a otros, defenderá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el derecho de cualquier ciudadano a que las normas se ajusten al procedimiento y a los principios políticos y de gestión de la UE.
La patronal Cepesca confirma que impugnarán el veto a todos los artes de fondo por su «tramitación irregular», al omitir informes claves como el de impacto socioeconómico y prescindir de la «mejor información científica disponible», ignorando incluso advertencias del dictamen en el que se escuda, el emitido por Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES).
Orden cautelar de suspensión
Con solo 14 días laborales por medio antes de que la Comisión obligue a cuatro países a expulsar de 16.419 kilómetros cuadrados a cualquier pesquero que faene con artes en contacto con el fondo, reconocen que el tiempo apremia para conseguir, primero, que el TJUE admita sus demandas y, a partir de ahí, una orden cautelar de suspensión.
Calculando que si no lo logran se les impediría pescar en todas esas zonas, claves para la flota de Gran Sol y la de litoral, desde el 9 de octubre hasta «los primeros meses del 2023», también solicitarán amparo al Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo. Manejan esos plazos porque está previsto que el ICES actualice su informe científico en noviembre. Con ese documento, y pensando en el próximo año, apelarán a esos dos estamentos comunitarios tratando de «enmendar» la cuestionada decisión.
Precisamente porque, además de los pescadores afectados, es el «lexitimamente autorizado para presentar recurso», la Xunta y la flota acordaron este martes en Santiago solicitar al Gobierno español que impugne ante el TJUE una prohibición del departamento de Virginijus Sinkevicius, eurocomisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ovacionado por oenegés ambientalistas que lo erigen en «salvador de los mares», mientras hay pescadores que lo tildan de su «exterminador». Reconoce que su decisión «requiere un gran esfuerzo de nuestro sector pesquero», pero lo justifica por preservar ecosistemas marinos vulnerables, espacios donde se sabe o se supone que hay arrecifes o jardines de coral, esponjas, campos de plumas o anémonas tubo.
«A Xunta será coadxuvante»
Después de reunirse este martes en Santiago con catorce dirigentes pesqueros y responsables jurídicos y técnicos de la Xunta, Alfonso Rueda, presidente del Gobierno gallego, justificó la decisión de optar por que impugne el Ejecutivo nacional, porque «temos que acertar coa lexitimación para que o recurso poida ser admitido». Reconoce que la vía legal «nón é sinxela», pero confía en conseguir la revocación de un veto «absolutamente prexudicial» con el apoyo del resto de autonomías y del Estado español.
Rosa Quintana, conselleira de Mar, apuntó tras el encuentro «que a Xunta será coadxuvante [contribuirá] nese recurso» y recordó que Francia e Irlanda «poden estar nesa mesma liña, esperamos que se manteñan no non». Incidió «na maneira estrana» de actuar de la Comisión, porque «a regulación europea di que hai que ter en conta no mesmo nivel os estudos científicos, sociais e económicos. Descoñecemos se existen. Non se aportou ningún», reprochó.
Pesca puede definirse hoy
Si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acudirá a los tribunales puede conocerse hoy, cuando la Secretaría General de Pesca, que preside Alicia Villauriz, se reúne con el sector y con las comunidades autónomas «con el fin de abordar el contenido e implicaciones para España» de una prohibición que hará cumplir cuando entre en vigor.
Coordinándose con el resto de flotas comunitarias afectadas a través de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), Cepesca y las organizaciones que agrupa mantienen «la opción de convocar paros y concentraciones».
