La misión en busca del Villa de Pitanxo zarpa ignorando a la Audiencia Nacional
SOMOS MAR
La investigación técnica dispone la salida con solo uno de los peritos a bordo
18 may 2023 . Actualizado a las 20:19 h.El buque Ártabro, de la empresa viguesa ACSM, zarpó al filo de las tres de la tarde de ayer con la misión de dar con el pecio del Villa de Pitanxo quince meses después de su hundimiento a 250 millas de Terranova. Lo que en teoría tendría que haber hecho saltar de alegría a los familiares de las 21 víctimas del naufragio, que llevan más de un año peleando por esa expedición ideada para recabar información que ayude a esclarecer las circunstancias del siniestro, no ha hecho más que exacerbar sus ánimos y elevar sus suspicacias hacia el Gobierno y la investigación técnica, a manos de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim). «Estamos desagradablemente sorprendidos», declaró María José de Pazo. A su juicio, el Ártabro, el buque de ACSM contratado por el Ministerio de Transportes, ha zarpado «sin cumplir con lo acordado y ordenado por la Audiencia Nacional, pasándose por el forro todas las garantías legales».
Ocurre que el Juzgado Central número 2 de esa instancia envió el 8 de mayo un oficio al Ministerio de Transportes reprochándole que no le hubiese informado de la licitación del servicio de búsqueda y localización del Villa de Pitanxo, y señalando que debía ser esa sala la que concertase con la adjudicataria las fechas en las que se iba a desarrollar la operación para explicarle sus necesidades y concertar la participación de los peritos judiciales. Y resulta que la misión ha arrancado casi dejando a uno de esos técnicos atrás. No ha sido la Audiencia Nacional la que ha fijado la fecha. Ni siquiera Transportes, como aseguraron ayer desde la Delegación del Gobierno. La orden habría partido de la Ciaim, que a las 21.27 horas del martes remitió un oficio al juzgado de la Audiencia Nacional que lleva el caso del Villa de Pitanxo de que el buque zarparía «mañana [por ayer], 17 de mayo, con rumbo a la zona del hundimiento». Informaba asimismo de que, atendiendo al escrito de 7 de febrero pasado, se reservó espacio en la misión para dos peritos judiciales. Con uno logró contactar, que confirmó que iba a estar para el embarque. El otro «no ha confirmado su presencia», pero como «el barco tiene teléfono móvil, correo y videoconferencia» podría embarcar, «si ese juzgado así lo dispone», la próxima semana si se desplaza a la capital de Terranova, que está a un día de la zona del hundimiento.
Que el Juzgado Central número 2 no haya resuelto todavía si permitía o no enviar en la misión a peritos de parte no ha resultado ser un obstáculo para la Ciaim, que ya había trasladado al magistrado de esa sala, Ismael Moreno, que los pliegos de la licitación solo preveían la incorporación de dos peritos judiciales y, por tanto, «no se puede garantizar que el buque tenga espacios de habilitación, capacidad o medios de salvamento para más personas de lo previsto». Aparte de aparte de que supondría al contratista «asumir unos gastos no previstos en la licitación».
Al conocer que la expedición había zarpado, el juzgado reiteró el escrito enviado el 8 de mayo pasado y, ante la comunicación por parte del Gobierno de que el barco iba a zarpar hoy, ha dado traslado de la misma a la Fiscalía y a las partes personadas «para que indiquen lo que estimen oportuno» en relación a esa información.
Los familiares dijeron a voz en grito que es un «día negro y muy triste para la gente del mar», dando a entender que queda desvirtuada una misión llamada a arrojar luz sobre los 21 supuestos delitos de homicidio y otros tantos contra la seguridad de los trabajadores por los que la Audiencia Nacional investiga al patrón y la armadora del pesquero.
También mostraron su decepción con Gómez Besteiro, que anteayer les dijo que desconocía la fecha de salida de la expedición. Fuentes de su departamento explicaron ayer que comunicaron la salida en cuanto tuvieron conocimiento, pues tras la firma del contrato, la operación quedaba en manos de la Ciaim, órgano adscrito al Ministerio de Transportes, pero con independencia funcional del mismo, recalcan desde la Delegación del Gobierno.