La consejera Nieves Roqueñí defiende un desarrollo ordenado y compatible con la «preservación de los ecosistemas y la actividad pesquera»
25 mar 2024 . Actualizado a las 12:30 h.El Gobierno del Principado no ha presentado alegaciones al real decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar, ha avanzado este lunes la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí.
«Estamos de acuerdo en la regulación», ha dicho en comisión parlamentaria, donde ha defendido que el proyecto de real decreto, en información pública hasta mañana, martes, adjudica concursos de implantación con «numerosos criterios», entre ellos, la incidencia sobre la navegación o el apoyo a sectores como la pesca.
La consejera ha señalado que el Principado trabajará para que se compatibilice el desarrollo «ordenado» de la energía eólica marina con la «preservación de los ecosistemas y la actividad pesquera».
«Generará una importante actividad económica. Más de 40.000 puestos, muchos de ellos en Asturias», ha recalcado en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Vox Gonzalo Centeno.
El propósito de Ejecutivo regional es afianzar la región como un «importante centro de exportación internacional, de desarrollo industrial y de innovación tecnológica en este campo».
Por su parte, Centeno ha advertido de que en este asunto hay «dos trenes a punto de colisionar», puesto que, por un lado, están las empresas eléctricas que ven «una gran oportunidad para su cuenta de resultados» y, por otro, el sector pesquero.
Directrices comercio
En la comisión, el PP ha preguntado a la consejera sobre el proceso de revisión de las directrices de equipamiento comercial, que tendrá un trámite «muy garantista», en cuanto a la participación ciudadana y la evaluación de impacto ambiental y territorial, ha dicho Roqueñí.
Según ha apuntado, se está elaborando, junto a la Consejería de Ordenación de Territorio, el documento de avance de la mano de representantes del sector comercial, las Cámaras de Comercio, las administraciones locales y las organizaciones sindicales para alcanzar una «visión consensuada».
El diputado del PP Andrés Ruiz ha aventurado que las nuevas directrices se publicarán con retraso, mientras muchas personas «están esperando a invertir» en la comunidad; informó EFE.