Xunta, diputaciones y concellos gestionarán por separado las ayudas a los hosteleros

Juan María Capeáns Garrido
Juan Capeáns SANTIAGO

SOCIEDAD

XOÁN REY

Fracasa la tercera reunión para crear una ventanilla única para tramitar unos cien millones de euros, tal como demandaba el sector

29 ene 2021 . Actualizado a las 23:47 h.

Habrá dinero para ayudar a la hostelería, pero aquellos que lo demanden deberán tocar diferentes puertas para conseguirlo. La Xunta, las cuatro diputaciones y los concellos, representados por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), acabaron su tercera reunión de la semana sin acuerdo sobre la posibilidad de crear un fondo común y una ventanilla única para facilitar la tramitación de las solicitudes, tal como demanda el sector empresarial y el Clúster de Turismo, que fue el principal promotor de estos infructuosos encuentros.

Los representantes políticos eludieron la palabra «fracaso» y trataron de sacar conclusiones positivas de unas reuniones que fallaron en el objetivo principal, el de conseguir una gestión más eficaz sin diseminar esfuerzos. La concentración era «un clamor», valoró el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que garantizó que el Gobierno gallego se pondrá a trabajar «de inmediato» para repartir cuanto antes los 75 millones de euros que tiene previsto aportar. Junto a los 85 de la primera convocatoria suman 160 millones, un 1,4 % del presupuesto autonómico, un dato que deslizó para zanjar cualquier polémica con el resto de administraciones sobre la implicación de la Xunta. Rueda invitó a las cuatro diputaciones —solo cuenta con el visto bueno de la de Ourense, gobernada por el PP— y a los concellos que se quieran sumar a depositar en la Consellería de Traballo la responsabilidad de la gestión de las ayudas, aunque las entidades locales todavía no tienen definida cuál podría ser su aportación, que podría rondar entre los 15 y los 20 millones de euros.

El presidente de la Fegamp, el socialista Alberto Varela, consideró positivos unos encuentros que han permitido ampliar las aportaciones institucionales —la Xunta pasó de 50 a 75 millones—, pero se mostró comprensivo con las dificultades para consolidar «en tres días» un modelo de gestión que la Comunidad Valenciana sí cerró con éxito tras meses de trabajo. Para el alcalde de Vilagarcía, la mayor dificultad para cerrar el acuerdo sería explicar a los vecinos que los fondos de sus concellos puedan acabar en otros territorios al ser la Xunta la gestora única.

Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, también prefirió ver la mejor cara del desacuerdo y quedarse con el esfuerzo institucional, que supondrá una aportación de las diputaciones de 5,6 millones de euros, la cantidad resultante de sumar el 1 % de sus respectivos presupuestos. A esa perspectiva se sumó el presidente del Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal: «Llegamos a la mesa el lunes con una previsión de la Xunta de habilitar 50 millones, y salimos hoy con unos 100 millones entre las tres administraciones», aunque no se repartirán con una sola herramienta como deseaban.

Tensión con las diputaciones

Los dirigentes provinciales de A Coruña, Lugo y Pontevedra sí se mostraron más beligerantes a la hora de valorar políticamente el resultado de una semana de negociaciones. El vicepresidente coruñés, Xosé Regueira (BNG), no concretó si la Diputación se iba a sumar a la ventanilla de la Xunta, pero expresó su deseo de que uno y otro modelo sean «axiles» para el reparto de los fondos con el fin de adelantar su «capilaridade» en la economía.

La diputada lucense Pilar García Porto, por su parte, transmitió su sensación de que la Xunta llegó a la tercera reunión con su fórmula «pechada» y que no quiso explorar más cuestiones. Por último, el pontevedrés Carlos López Font elevó el tono al tildar de «absolutamente lamentable lo vivido» al considerar que la Administración autonómica no quiso en ningún momento acercarse a la propuesta conjunta de las diputaciones y la Fegamp. En todo caso, los dirigentes provinciales mantuvieron su compromiso económico y su intención de pactar los trámites con una representación del sector.